El caso de los trenes defectuosos en Cantabria y Asturias ha revelado la influencia de Koldo García Izaguirre y José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes. El contrato de más de 300 millones de euros para la adquisición de 31 trenes, supervisado por ambos según fuentes ministeriales, ha generado controversia y puesto en entredicho la gestión pública.

El escándalo, que sobrepasa el ámbito de las comisiones ilegales en la compra de mascarillas durante la pandemia, arroja luz sobre las conexiones entre los implicados en la trama de las mascarillas y otras figuras influyentes. Víctor Gonzalo de Aldama, presidente del Zamora CF, se ha visto involucrado en encuentros con la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y el consejero delegado de Globalia, Javier Hidalgo.

La compra de los trenes se negoció mientras Ábalos y Koldo estaban en el Ministerio de Transportes, y se ha destacado la supervisión del contrato por parte de ambos. A pesar de que el contrato fue catalogado como una «enorme chapuza», se cuestiona cómo una deficiencia tan evidente pudo ocurrir bajo la supervisión de técnicos capacitados. La adquisición de los trenes, destinados a rejuvenecer la flota y mejorar la eficiencia energética en varias regiones, resultó en la destitución de altos mandos en Renfe y Adif.

El inicio de la trama se remonta a enero de 2019, antes de la publicación oficial de la licitación, cuando García Izaguirre ya estaba vinculado a la trama de las mascarillas. Aunque se desconoce el momento exacto en que comenzó su relación como asesor en el Ministerio y su influencia en Renfe. García Izaguirre ocupó varios cargos, incluyendo asesor del ministro, consejero de Renfe, y vocal del Consejo Rector del Organismo Público Puertos del Estado.

El contrato se firmó a finales de 2020 y tenía como objetivo renovar la flota de trenes de Ancho Métrico, reduciendo la edad media de los trenes en servicio en varias regiones. Además de la compra de los trenes, el contrato incluyó el mantenimiento de una parte de la flota durante 15 años a través de una sociedad mixta con Renfe. Este contrato formaba parte del plan de renovación de flota de Renfe para garantizar la calidad y mejora de los servicios públicos en los próximos años.

La investigación del caso Koldo ha destacado la participación de Ábalos como intermediario en la trama de las mascarillas y su conexión con otros contratos públicos, lo que ha generado una intensa controversia política. Los detalles del caso, incluyendo los encuentros entre los implicados y otras figuras públicas, están siendo objeto de una investigación judicial en curso.La crisis iniciada con la compra de trenes incapaces de transitar por los túneles de Cantabria y Asturias se ha complicado aún más con la implicación de Ábalos y Koldo.

Según las investigaciones, ambos estuvieron directamente involucrados en la supervisión de un contrato valorado en más de 300 millones de euros para la adquisición de 31 trenes, un proceso que desde su inicio estuvo marcado por decisiones cuestionables y una falta de previsión alarmante​​​​​​. El contrato, adjudicado a la compañía CAF en junio de 2020, fue financiado en parte por un crédito de 150 millones del Banco Europeo de Inversiones (BEI). Sin embargo, se descubrió que los trenes no cumplían con los gálibos necesarios para operar en la infraestructura existente, lo que llevó a una revaluación completa del proyecto y a la posterior destitución de altos mandos en Renfe y Adif​​.

La dimensión de este escándalo se ha ampliado con las recientes dimisiones del presidente de Renfe y la secretaria de Estado de Transportes, lo que subraya la gravedad de los errores cometidos y la implicación de niveles superiores de gestión en el proceso de supervisión y aprobación del contrato​​. En un intento por mitigar el daño y compensar a las regiones afectadas, el Ministerio de Transportes ha anunciado la adición de siete trenes más al contrato original, aunque este gesto ha hecho poco para aplacar el descontento público y las demandas de responsabilidad​​.

El rol de Ábalos y Koldo

La supervisión directa de Ábalos y Koldo en este contrato ha generado un intenso debate sobre la responsabilidad política y la transparencia en la administración pública. Según informes, ambos jugaban roles clave en el momento de la negociación y firma del contrato, lo que plantea preguntas sobre el alcance de su involucramiento y las posibles omisiones o negligencias cometidas durante el proceso​​. Este nuevo desarrollo ha exacerbado la presión sobre el PSOE para depurar responsabilidades en un caso que no solo ha revelado deficiencias técnicas y administrativas, sino también una posible red de influencias y corrupción al más alto nivel​​.

La saga de los trenes de Cantabria y Asturias se ha convertido en un símbolo de los desafíos que enfrenta España en materia de contratación pública y gestión de infraestructuras. La implicación de Ábalos y Koldo subraya la necesidad urgente de reformas para garantizar la transparencia, la competencia técnica y la integridad en todos los niveles de gobierno.

La polémica desatada por la compra de 31 trenes que resultaron incompatibles con la infraestructura de Cantabria y Asturias ha desembocado en uno de los escándalos más significativos de la reciente historia reciente de la región. Este caso no solo ha sacado a la luz deficiencias en la gestión y supervisión de proyectos de infraestructura, sino que también ha revelado conexiones preocupantes entre políticos de alto nivel y presuntas tramas de corrupción.

Todo comenzó con la adjudicación de un contrato a la compañía CAF en junio de 2020 para la fabricación de trenes de ancho métrico. Este contrato, valorado en más de 300 millones de euros, formaba parte de un ambicioso plan de renovación de la flota ferroviaria destinada a mejorar el servicio en varias comunidades autónomas, incluidas Cantabria y Asturias. El descubrimiento de que los trenes fabricados no se ajustaban a las medidas de los túneles por los que debían transitar supuso un punto de inflexión. Este error, revelado públicamente por el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, puso de manifiesto graves fallos en la planificación y ejecución del proyecto.