23.09.2021 |
El tiempo

Certificado digital. Una medida que puede ser discriminatoria, ¿es ética?

El dueño de establecimiento del estadio El Sardinero en Santander junto a su empleado, preparando el día de hoy para comenzar a pedir el pasaporte covid. / Hardy
El dueño de establecimiento del estadio El Sardinero en Santander junto a su empleado, preparando el día de hoy para comenzar a pedir el pasaporte covid. / Hardy
Certificado digital. Una medida que puede ser discriminatoria, ¿es ética?

Asumimos con naturalidad la exigencia de vacunas para entrar en determinados países, pero ¿qué pasa si eso nos ocurre en nuestro propio país, para entrar en un restaurante y en medio de la campaña de inmunización? En España, las comunidades autónomas de Cantabria, Galicia y Canarias ya han ampliado el uso del certificado COVID europeo para regular los accesos a algunas actividades de ocio. Del mismo modo, el documento, digital o en papel, sirve para algo más que viajar en Francia, Portugal o Grecia.

Hablamos con expertos para conocer las ventajas, los conflictos, las condiciones y los límites de una medida que algunos consideran discriminatoria, aunque se justifique por la reducción del riesgo de contagio en interiores y eventos multitudinarios.

¿Atenta contra nuestras libertades y derechos?

“Cuando hablamos de actividades como es ir al teatro, un espectáculo deportivo o un concierto, en el contexto actual puede ser una buena medida, porque permite que se desarrollen esas actividades y que al menos accedan algunas personas que tengan acreditado el certificado”, elabora Federico de Montalvo, presidente del Comité de Bioética y profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Pontificia de Comillas ICAI-ICADE, consultado por RTVE.es.

El experto constitucionalista valora positivamente la herramienta “siempre que no sea para servicios esenciales o acceso al trabajo”. Como otras medidas utilizadas de forma excepcional durante la pandemia, el uso del certificado COVID europeo para entrar en interiores o participar en determinadas actividades, “en un contexto de quinta ola”, es posible si la medida está debidamente justificada y se establecen límites.

“El sistema lo que hace es premiar hasta un punto a los que se vacunan, pero sin llegar al punto de castigar a los que no, porque no es la idea”, afirma también Íñigo de Miguel, doctor en derecho y filosofía e investigador de bioética de la Universidad del País Vasco, que encuentra ventajas a la aplicación del también llamado ‘pasaporte COVID’ para otros usos más allá de la libre circulación entre estados europeos, para lo que se creó. El experto considera que tiene un doble objetivo: “reducir” el riesgo de contagio mientras se estimula la vacunación. Además, su nivel restrictivo puede ser “muy graduable”, dependiendo de la situación epidemiológica.

De Miguel cuestiona el discurso del presidente francés Emmanuel Macron al anunciar la decisión en Francia. “Esta vez se queda usted en casa, no nosotros”, dijo el mandatario a los ciudadanos que no se quieren vacunar y los negacionistas, que representan una amenaza a la buena marcha de la campaña de inmunización en el país. “Creo que es un mensaje erróneo. Los certificados tienen que estar llamados a conseguir crear espacios libres de riesgo, en la medida de lo posible. Desde luego no deben estar encaminados a restringir la libertad de acceso de nadie”, zanja el catedrático.

Canarias se suma a Galicia en exigir el certificado COVID para acceder a interiores

¿Existiría una discriminación por razón de edad?

“Todavía hay gente, sobre todo joven, que está en proceso de vacunación. Ahí habría un componente discriminatorio que hay que valorar, porque no es lo mismo no querer que no haber podido”, responde Jaime Jesús Pérez, vicepresidente de la Asociación Española de Vacunología, quien considera que en España “aún deberíamos esperar un poco” para hacer el planteamiento.

“No diría tanto que es una discriminación por razón de edad, porque no son solo los jóvenes”, razona, por su parte, el investigador Íñigo de Miguel, de la UPV. “Si estamos en un escenario en el que no se ha podido ofrecer la vacunación a todo mundo, lo que habría que hacer, cuanto menos, es que los test fueran gratuitos para todos los que no se han podido vacunar, si no, estamos trazando un problema de discriminación, de equidad”.

¿La PCR y la infección pasada solucionan la ‘desventaja’ de no estar vacunado?

La versión final del reglamento europeo salvó el problema de la discriminación y el "doble castigo" (ni vacunado ni autorizado para viajar) con las tres vías para adquirir el certificado: vacuna, infección pasada o prueba negativa. “El problema de la PCR es que es muy cara”, afirma Federico de Montalvo, del Comité de Bioética. Y, aun teniendo en cuenta que los test de antígenos tienen precios más asequibles, “estaríamos obligando a asumir un coste que los demás no han soportado para hacer determinadas actividades, lo cual afecta además a las personas más vulnerables”.

La barrera que supone el precio actual de las pruebas PCR es una de las grietas en el certificado sanitario, de la que son conscientes en Bruselas. “El Parlamento Europeo tuvo durante muchas semanas en debate el reglamento por ese tema”, agrega el profesor de derecho constitucional. Así, todavía queda pendiente una solución, sea con la regulación de precios, la subvención para costearlos u otra fórmula.

Por otro lado, reconocer el certificado a quienes hayan pasado ya la COVID, “podría tener un efecto contraproducente, como que se busque la infección”, valora Jaime Jesús Pérez, de la Asociación Española de Vacunología. El experto en medicina preventiva y salud pública recuerda la moda de las Chickenpox Parties en Estados Unidos, fiestas de la varicela, donde acuden niños enfermos y otros sanos para contagiarse la enfermedad y así evitar la vacuna. También se han visto con la COVID desde el 2020. “El que haya otras posibilidades no solamente no quita la discriminación, sino que induce a comportamientos no deseables”, apunta.

¿Es ético tratar diferente a quienes no se quieren vacunar?

El doctor en derecho Federico de Montalvo razona que son aceptables tratamientos diferentes, si estamos hablando de personas que han decidido no vacunarse. “En la Estrategia en ningún caso hemos dicho que la vacunación sea voluntaria. Hemos dicho que no es obligatoria. Eso significa que no teniendo repercusión legal -ni castigo ni obligación- la decisión de vacunarse se considera éticamente más correcta que la decisión de no vacunarse”, afirma quien, como presidente del Comité de Bioética, es también uno de los autores del documento que ha guiado la campaña acordada por el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas.

“Decimos que no es obligatoria, porque creemos que no es necesario obligar ahora. Pero la decisión correcta en un contexto de pandemia es la de vacunarse, porque es la decisión solidaria” continúa De Montalvo para explicar que puede no tenerse la misma consideración con quienes han decidido voluntariamente no vacunarse frente a quienes no les ha llegado el turno todavía.

Resolución del Gobierno regional para poner en vigor el certificado covid. Descárgatela AQUÍ. 

Certificado digital. Una medida que puede ser discriminatoria, ¿es ética?
Comentarios