Cantabria ha registrado 44 denuncias presentadas entre enero y junio de este año por ‘okupaciones’ en inmuebles, según los últimos datos facilitados por el Ministerio del Interior, lo que supone más de 6 denuncias al mes, y 13 más que las registradas en la vecina comunidad de Asturias, que con el doble de población que Cantabria, tuvo solo 31 casos durante el mismo periodo de tiempo. Además, la cifra facilitada por el Ministerio del Interior no concuerda con la ofrecida por el Gobierno Regional, que aseguraba que entre los meses de enero y julio se habían registrado un total de 23 procedimientos judiciales iniciados este año por okupaciones ilegales de viviendas, lo que supone una tasa de 1,4 por cada 100.000 habitantes, ligeramente por debajo de la cifra nacional del 1,6.

En España se denunciaron cerca de 9.000 ‘okupaciones’ en inmuebles hasta julio, de las que casi la mitad tuvieron lugar en Cataluña.

En concreto, el número total de denuncias por ocupación de inmuebles registradas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ascendió en ese periodo a 8.857. De ellas 3.770, el 42%, tuvieron lugar en Cataluña, con la provincia de Barcelona a la cabeza. Allí se contabilizaron 2.838, más del triple que en Madrid, que, con 813, es la segunda provincia de España con más ocupaciones.

La segunda comunidad en las que se denunciaron más hechos de este tipo en el primer semestre del año fue Andalucía, con 1.276 (el 14% del total). Destacan las 402 de Sevilla, seguida de las 225 de Málaga y las 208 de Cádiz.

En la Comunidad Valenciana las denuncias llegaron a las 1093 (el 12%): 567 en Valencia, 367 en Alicante y 159 en Castellón. La cuarta en el ranking es la Comunidad de Madrid (con 813, el 9,1%), seguida de Castilla-La Mancha (387, el 4,3%), Murcia (338, el 3,8%) y Canarias (250, el 2,8%).

La comunidad con menos ocupaciones fue La Rioja, que registró 24 denuncias por este motivo. En Asturias hubo 31, en Cantabria 44 y en Navarra 51.Teruel es la única provincia en la que no se denunció ninguna ocupación en el primer semestre del año. En Soria y Zamora hubo tres; en Melilla, cinco; en Ourense, seis y en Ceuta, siete.

Intervenciones de la Guardia Civil por ‘okupaciones’ en la región. Este mismo mes, Los ‘okupas’ entraron en una segunda urbanización de Requejada (Polanco) generando problemas de convivencia entre los vecinos, que no logran ponerse en contacto con la entidad propietaria de las viviendas para comunicarle la situación y buscar una solución.

Por ello, los vecinos trasladaron su problema al Ayuntamiento de Polanco, que les ha asegurado que prestará «todo el apoyo que esté en su mano» y mediará para que se atiendan sus demandas. En concreto, el Consistorio pretende obtener información de la entidad para localizar el expediente que atañe a estas viviendas y conocer en qué fase judicial se encuentran de cara a ser desalojadas. Así lo anunció la alcaldesa, Rosa Díaz, tras recibir a una representación de los veci1nos de esta urbanización, que le han mostrado su preocupación ante las situaciones que generan cierta alarma social, además de la imposibilidad de comunicar a la entidad propietaria de las mismas el estado de las viviendas okupadas.

Así, el Ayuntamiento quiere prestar ayuda a fin de erradicar los problemas que se producen de convivencia y de seguridad, evitando situaciones «peligrosas» derivadas de los enganches ilegales de luz y de agua.

De hecho, la Guardia Civil de Polanco ya ha realizado varias intervenciones en esta urbanización para solucionar problemas de convivencia, logrando la marcha de algunos de los okupas, aunque tras algunos meses otras personas han vuelto a residir en las viviendas vacías, generando de nuevo conflictos. Por ello, se ha decidido que vecinos y Ayuntamiento pongan en conocimiento de la Fuerzas de Seguridad los hechos presuntamente delictivos que se puedan cometer, para que actúen intensificando la vigilancia y los controles en la zona, al igual que se hizo en la otra urbanización de Requejada donde se ha logrado casi eliminar los problemas de convivencia.

Y es que la urbanización afectada ahora es distinta a la que ya se intervino desde el Consistorio hace algunos meses por la presencia de okupas, que era propiedad de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb). En ella, tras algunas gestiones con esta entidad, se han logrado materializar varios lanzamientos o tramitar alquileres sociales para las familias con problemas habitacionales.

La alcaldesa insitió en que, junto a las ‘okupaciones’ de viviendas, «la principal preocupación es la seguridad ante el potencial peligro que suponen los enganches», ya que muchos de ellos se encuentran en zonas comunes de los inmuebles, sin ningún tipo de protección, y con las conexiones en precario y expuestas a que se produzca un cortocircuito que podría generar un siniestro en el edificio.

El problema de las okupaciones en Polanco ha sido uno de los asuntos tratados por la alcaldesa en una reciente reunión con la consejera de Políticas Sociales, Eugenia Gómez de Diego, para, de manera conjunta entre ambas instituciones, Gobierno y Ayuntamiento, tratar de restablecer el contacto directo con la propiedad, a fin de dar una solución a estos pisos donde hay personas residiendo de manera irregular.

El PSOE regional niega el problema. Los socialistas cántabros han venido negando el problmea que el fenómeno de la ‘okupación’ supone en la región. De hecho el pasado 24 de octubre, el Parlamento cántabro aprobó una moción en la que se pedían medidas contra la okupación pero que no fue apoyada por el PSOE, que se abstuvo.

El Parlamento de Cantabria aprobó, a iniciativa del PRC y con la abstención del PSOE, reclamar al Congreso reformas legislativas contra la ocupación ilegal de viviendas, como el endurecimiento de las penas para que sea considerada un delito grave y el desalojo en 24 horas.

La propuesta fue defendida por la diputada del PRC Rosa Díaz, que es también alcaldesa de Polanco, un municipio que, como ha recordado, está sufriendo problemas de convivencia por la ocupación de viviendas.

«Lo que buscamos son soluciones», subrayó Díaz en la defensa de su proposición no de ley, tras advertir de que «hay un vacío legal y una legislación obsoleta» ante «un fenómeno que está en alza» y cuyas víctimas «no son solo los grandes tenedores». En la iniciativa que se aprobó con el respaldo de todos los grupos salvo el PSOE, que se ha abstenido, se pide la modificación de varias leyes para aumentar las penas de cárcel y permitir los desalojos exprés, sean primeras viviendas, segundas o «heredadas de la abuela».

También se propone que se habilite a las comunidades de vecinos como personas jurídicas para que puedan iniciar los procesos de recuperación de viviendas, que se impida la inscripción en el padrón municipal de un ocupante ilegal y que se elimine el delito de allanamiento de la Ley del Tribunal del Jurado para agilizar la solución a estos conflictos.

«Son medidas que proponen soluciones, de nada nos han servido las instrucciones de la Fiscalía general o del Ministerio, sigue en alza», dijoo la diputada regionalista, que se ha referido como ejemplo a lo que está ocurriendo a familias de Polanco que se mudaron al municipio «con toda la ilusión» y ahora están sufriendo problemas con los okupas, porque «la mayoría no saben convivir».

UN PROBLEMA EN CANTABRIA. «Es un consuelo comprobar que también para el PRC es un problema en Cantabria», dijo el portavoz del PP, Íñigo Fernández, para criticar a continuación que la consejera de Políticas Sociales, Eugenia Gómez de Diego, dijera que la ocupación ilegal no es un problema social en la región porque desde 2019 se han ocupado 287 casas sobre un parque de más de 367.000 viviendas, cifras que ha vuelto a esgrimir este lunes el PSOE.

Fernández acusó a los socialistas de «plegarse a sus socios radicales» y al Gobierno de España de crear «una burbuja que protege al okupa en lugar de a las personas honradas». El grupo popular presentó una enmienda a la iniciativa del PRC con el objetivo de que el Gobierno de Cantabria también tome medidas contra la ocupación. Entre ellas pidió la elaboración de un mapa de la ‘okupación’ por municipios, la creación de un departamento de apoyo a los vecinos y la puesta en marcha de un grupo de trabajo con la Federación Cántabra de Municipios.

El PRC no aceptó la enmienda porque cree que ahora es el Gobierno de España el que debe actuar, pero Rosa Díaz valoró como positivas estas propuestas y ha dicho que en alguna como el grupo de trabajo se puede empezar a trabajar, teniendo en cuenta además la buena sintonía entre los municipios.

También rechazó la enmienda planteada por Vox, cuyo portavoz, Cristóbal Palacio, criticó la redacción de las propuestas, a su juicio llena de errores, aunque ha apoyado la proposición no de ley porque su partido está dispuesto a respaldar «cualquier iniciativa contra la ‘okupación’». Palacio lamentó «la incapacidad de algún alcalde para enfrentar los problemas y luego para redactar una PNL mínimamente constructiva», un comentario que según Díaz es una «falta de respeto» y «denota ignorancia».

DATO Y RELATO. «Reconocemos el problema pero el dato mata el relato», sentenció la diputada del PSOE Yolanda Algorri, tras recordar las cifras de la ‘okupación’ en Cantabria, que sitúan a la comunidad «muy por debajo de la media nacional».

Según Algorri, a los socialistas les preocupan los vecinos afectados y por eso el Ministerio está trabajando en reformas que se consideran necesarias, pero no quieren generar «una falsa inseguridad».

La diputada dijo que «entre todos debemos apoyar a las fuerzas de seguridad» y que en muchos casos hay problemas para determinar el propietario de las viviendas, y eso hace que no puedan intervenir de forma inmediata.

Los pisos vacíos y la crisis económica espolean a los ‘okupas’. 

El perfil de las personas que entran ilegalmente en una vivienda ajena suele ser porque han perdido su morada por deudas o pérdida de empleo por la situación derivada de crisis sanitaria del coronavirus y la guerra de Ucrania

Los datos referentes al fenómeno de la ocupación ilegal de viviendas en España entre enero y julio que el Gobierno ha remitido a los diputados de Vox que pidieron conocer los motivos del alto número de ocupaciones en Cataluña. En su respuesta, a la que ha tenido acceso Europa Press, Interior achaca «el incremento de este tipo de delitos en los últimos años» a la «coincidencia de diversos factores».

En concreto, destaca dos: que hay un «elevado número de inmuebles vacíos» y también de «personas que pierden su morada por deudas o pérdida de empleo por la situación económica derivada de la concatenación de crisis sanitaria de la Covid, la crisis de logística y de producción internacional», agravada por la invasión de Ucrania, y su «grave impacto sobre el precio de la energía y en los productos alimenticios básicos».

Con respecto a las medidas a adoptar para combatir este fenómeno delictivo, Interior recuerda que en 2020 la Secretaría de Estado de Seguridad estableció un protocolo específico para la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante la ocupación ilegal de inmuebles y que la Fiscalía General también impulsó una instrucción en el mismo sentido para orientar en el proceder de las actuaciones judiciales.