En la Audiencia Provincial de Cantabria, el caso de la supuesta violación grupal a una joven en el verano de 2022 en Santander se ha intensificado. La Fiscalía ha confirmado su petición de una pena conjunta de más de cien años para los cuatro acusados por delitos de agresión sexual y cooperación necesaria, subrayando la gravedad de la situación a la que fue sometida la víctima, una joven de 22 años en aquel entonces.

La acusación ha descrito la experiencia vivida por la joven como "tan salvaje" y "traumática", argumentando su demanda de 100.000 euros de indemnización por el daño sufrido. La narración del fiscal ha detallado cómo, después de una noche de fiesta, la situación escaló en otra vivienda a la que se desplazaron en autobús, resaltando el consumo "importante" de alcohol y otras sustancias por parte de la víctima, pero manteniendo su estado de sobriedad en contraste con la embriaguez de los acusados.

La acusación particular, representada por la abogada de la joven, ha apoyado la versión de la Fiscalía, solicitando casi 200 años de cárcel para los implicados. Ha enfatizado cómo la intoxicación de la joven mermó sus facultades de decisión, exponiéndola a un "riesgo vital" ante la imposibilidad de resistirse.

Por su parte, las defensas de los acusados han insistido en la absolución, argumentando consentimiento por parte de la víctima. Sin embargo, el fiscal ha denunciado las contradicciones en las declaraciones de los acusados y ha destacado la coherencia del relato de la joven a lo largo del proceso, subrayando su actitud de "resignación" más que de consentimiento.

Este caso ha sido comparado con el de "la manada" de San Fermín, por las similitudes en cuanto a la dinámica grupal y la falta de consentimiento explícito de la víctima. El fiscal ha aplicado de forma retroactiva la "ley del solo sí es sí", en un intento de adaptar las acusaciones a una normativa más beneficiosa para los acusados, aunque mantiene la gravedad de la indemnización solicitada.

El juicio, que ha reunido testimonios de forenses, policías y análisis de pruebas periciales, ha evidenciado el impacto físico y psicológico en la víctima, quien ha mostrado síntomas de un estrés postraumático grave. La localización de los móviles y las pruebas genéticas han contribuido a reforzar la acusación contra los implicados.

La vista concluirá este viernes, con la presentación de los informes finales de la defensa y el posterior fallo, en un juicio que ha mantenido a la comunidad y a los medios en vilo por sus repercusiones en la lucha contra la violencia sexual.

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