Cantabria es una de las comunidades españolas donde se constata mayor preocupación por el fenómeno de la ‘okupación’, ya que un 81 por ciento de sus habitantes considera que es un problema social en el país, según un estudio elaborado por una aseguradora.

Esta cifra se sitúa por encima de la media, ya que en el conjunto son un 77% los españoles consideran la ‘okupación’ un problema social, frente a un 8 por ciento que piensa se trata de un fenómeno residual sin mayor trascendencia que suele exagerarse por motivos políticos.

El estudio, elaborado a partir de los resultados de 1.700 encuestas realizadas en toda España del 14 al 19 de junio y presentado este martes, precisa que donde se constata mayor preocupación por este fenómeno es en Cataluña (83%), Andalucía (81%) y Cantabria (81%), mientras que Navarra, Galicia y Comunidad Valenciana es menor.

Uno de cada cuatro españoles cree que hay posibilidades «medias» de que le «okupen» 

Y precisa que uno de cada cuatro españoles (24%) cree que hay posibilidades «medias o altas» de que le «okupen» su vivienda. Según datos del Ministerio del Interior y del Consejo General del Poder Judicial, los casos se han incrementado un 37% entre 2018 y 2022, superando las 75.000 denuncias y los 15.000 procedimientos civiles en ese periodo.

Además, un 31% de los encuestados conocen directa o indirectamente algún caso, un porcentaje que destaca en las Islas Baleares, con un 39%. Precisamente, por CC.AA, Cataluña (con 650 casos denunciados en 2022), Andalucía (535) y Comunidad Valenciana (390) son las comunidades con mayor incidencia.

Según los encuestados, las causas de la ‘okupación’ son la lentitud de la justicia (28%), la permisividad social (25%) y la dificultad para acceder a una vivienda debido a los altos precios (23%). Además, casi tres de cada cuatro ciudadanos piensan que las penas para este tipo de prácticas «son muy laxas» y que «no existe seguridad jurídica».

Según el Ministerio, los casos se han incrementado un 37% entre 2018 y 2022

ENDURECER PENAS O AGILIZAR DESALOJOS. El informe añade que un 22 por ciento de los españoles afirma conocer bien la regulación actual al respecto, mientras que la mitad dice tener nociones generales y un 28% admite no conocerla en absoluto. En este sentido, el endurecimiento de las penas y agilizar los desalojos son las soluciones preferidas para mitigar las ‘okupaciones’ según el 60% de los españoles, por delante de otras medidas como facilitar el acceso a la vivienda (45%) o centrar la acción policial sobre las mafias organizadas (31%).

El proceso de desalojo que, según los datos oficiales del Consejo General del Poder Judicial puede tener una duración superior a los 20 meses, es otro tema a tratar por el estudio. 

Así, el 53% de los encuestados es partidario de un desalojo de la policía sin intervención del juez en caso de que no se demuestre ‘in situ’ la propiedad o la existencia de un contrato vinculante. Mientras, el 35% está a favor de que un juez intervenga siempre en el procedimiento, pero con plazos mucho más reducidos.

Por último, el 76% de los encuestados estaría dispuesto a contratar un seguro ‘antiokupación’, siendo el pago de la hipoteca (35 por ciento) y de los gastos de proceso (30 por ciento) las coberturas más valoradas.

Causas de la okupación

Las causas principales, según los españoles, son la lentitud de la justicia, la pasividad social y la falta de vivienda. El 73% de los españoles destaca que las penas son leves. El 53% de los ciudadanos es partidario de que los desalojos los pueda realizar la policía sin orden judicial, y otro 35% con una orden pero en un plazo más corto.

¿Por qué no se puede desalojar a los okupas?

En España, el tema de los okupas se ha convertido en una cuestión polémica y controvertida. En muchas ocasiones, se ven terrenos o viviendas ocupadas ilegalmente por personas que, aunque no tienen derecho a estar allí, resulta difícil desalojarlas.

La razón principal por la que no se puede desalojar a los okupas es porque se les considera como "ocupantes de hecho". Es decir, tiene un carácter consuetudinario y muchas veces, los jueces no pueden hacer nada por desalojarlos de forma inmediata. Esto se debe a que el proceso puede ser muy largo y costoso, y además, los okupas pueden alegar diferentes situaciones especiales como falta de vivienda, de recursos económicos, etc.

Pese a que la ocupación ilegal está recogida en el Código Penal, en la práctica no resulta sencillo desalojar a los okupas. En la mayoría de casos, es necesario esperar que se produzca una denuncia y un proceso legal para que se produzca la orden de desalojo. A ello, hay que sumar las situaciones en que los okupas habitan en viviendas que, aunque propiedad de un tercero, tienen algunos desperfectos que incluso suelen mantener mientras las ocupan y nadie quiere arreglar, dificultando aun más el proceso de desalojo.

No hay duda de que el tema de los okupas es una cuestión urgente que requiere de soluciones concretas. Desde el gobierno central y los distintos ayuntamientos, se están estudiando propuestas para luchar contra esta problemática, aunque aún no se han aplicado soluciones definitivas para resolver este grave problema de ocupación ilegal de viviendas y terrenos.

¿Los okupas son inquilinos?

Los okupas son un tema controvertido en España y muchas personas se preguntan por qué no se pueden desalojar con facilidad. La respuesta es que existen varias situaciones en las que se hace difícil desalojar a los okupas y esto se debe a la normativa que rige este proceso.

En primer lugar, los okupas pueden ser considerados como inquilinos si han estado viviendo en el lugar durante un tiempo determinado sin que el propietario de la vivienda haya emprendido acciones legales contra ellos. En este caso, el propietario tendrá que seguir el proceso de desahucio que contempla la ley, lo cual puede llevar tiempo y dinero.

En segundo lugar, en algunos casos los okupas pueden estar protegidos por la ley. Por ejemplo, si la vivienda es propiedad de un banco que ha sido rescatado con dinero público, no se podrá proceder al desalojo sin una orden judicial específica, ya que se considera que se están protegiendo los derechos de los afectados por la crisis económica.

Por último, existe el riesgo de un desalojo ilegal, que puede acarrear consecuencias graves para el propietario de la vivienda. En estos casos, los okupas pueden denunciar al propietario y conseguir que se abra una investigación que puede terminar con multas e incluso con penas de prisión.

En resumen, desalojar a los okupas no es una tarea fácil debido a la normativa que existe en España y a las posibles consecuencias legales que pueden acarrear los propietarios de las viviendas. Por tanto, es necesario buscar soluciones eficaces que protejan los derechos de todas las partes implicadas en este tipo de situaciones.

¿Qué les pasa a los okupas?

Cada vez es más común escuchar sobre la okupación de viviendas en España. La okupación es una práctica que consiste en irrumpir en una propiedad ajena y hacerla habitable sin el permiso del dueño. La motivación de los okupas suele ser la necesidad de un lugar donde vivir.

Sin embargo, esta práctica no es legal, y los okupas se enfrentan a diversas consecuencias. En primer lugar, el dueño de la vivienda puede interponer una denuncia y solicitar su desalojo, lo que puede llevar a un procedimiento judicial. En segundo lugar, los okupas pueden ser condenados por delitos como usurpación o allanamiento de morada, lo que puede acarrear multas o incluso penas de prisión.

También es importante mencionar que los okupas deben hacerse cargo de los gastos de la vivienda si deciden quedarse en ella a largo plazo. Esto incluye el pago de impuestos, facturas de servicios públicos y mantenimiento de la propiedad. Además, es posible que no tengan acceso a servicios básicos como agua y electricidad si no cuentan con los permisos correspondientes.

En definitiva, la práctica de la okupación puede ser una solución temporal para aquellos que no tienen donde vivir, pero conlleva numerosas consecuencias legales y económicas. Es importante buscar otras alternativas y respetar las leyes y los derechos de propiedad de los demás.

¿Cómo sacar a un okupa de tu casa?

La ocupación ilegal de viviendas por parte de okupas es una problemática cada vez más frecuente en España, y puede convertirse en un verdadero dolor de cabeza para los propietarios. En la mayoría de los casos, es necesario recurrir a la vía judicial para recuperar la vivienda, y para ello es fundamental conocer los pasos que se deben seguir.

Lo primero que hay que hacer es recopilar toda la documentación posible que demuestre que el inmueble es propiedad del denunciante. Además, es imprescindible denunciar la ocupación ante la Policía Nacional o la Guardia Civil para que se lleve a cabo un desalojo judicial.

Una vez se ha presentado la denuncia, se iniciará un procedimiento judicial en el que se tendrá que acreditar que el okupa está ocupando ilegalmente la vivienda. Es importante destacar que, en muchos casos, el proceso puede prolongarse durante meses, incluso años, por lo que es recomendable contar con el asesoramiento de un abogado especializado en la materia.

En el momento en que se pronuncia una sentencia a favor del propietario, se podrá solicitar la ejecución de desalojo poniéndolo en conocimiento del juzgado correspondiente, el cual fijará el día y hora para la intervención judicial acompañada por la fuerza pública. Es en ese momento cuando deberá procederse al desalojo, en el que los agentes de la autoridad sacarán a los okupas de la vivienda.

En resumen, sacar a un okupa de tu casa no es un proceso sencillo ni rápido, pero es importante seguir los pasos correspondientes y contar con la ayuda adecuada para poder recuperar la propiedad.