El próximo martes 30 de enero, la Audiencia Provincial de Cantabria dará inicio al juicio contra siete exdirectivos británicos de la empresa B3 Cable, quienes enfrentan cargos por apropiación indebida y delito contra la hacienda pública. El proceso judicial se extenderá a lo largo de varios días, incluyendo el 31 de enero, y los días 1, 6, 7 y 8 de febrero.

Los acusados están siendo investigados por su participación en la compra de una fábrica en Maliaño, ubicada en el municipio de Camargo. Según la acusación, se les imputa la apropiación indebida de 6,3 millones de euros, los cuales provenían de la financiación recibida para adquirir esta fábrica, así como un fraude a Hacienda por un monto de 508.000 euros.

La Fiscalía ha solicitado penas de hasta seis años de prisión para algunos de los acusados por su presunta participación en la apropiación indebida y el delito fiscal. Además, se busca una indemnización de 6,3 millones de euros, destinada a la Administración Concursal de B3 Cable, y 508.000 euros para la Agencia Tributaria.

El caso se remonta a 2008, cuando la Junta de Accionistas de B3 Cable adquirió la fábrica en Maliaño por 18,8 millones de euros, gracias a un acuerdo de financiación con una entidad bancaria. Dos meses después de esta operación, la Junta de Accionistas aprobó el pago de 6,3 millones de euros a otra empresa, en la que participaban cinco de los acusados, alegando que esta había gestionado la compra de la fábrica.

No obstante, según la Fiscalía, esta empresa «no prestó ningún servicio ni realizó gestión alguna», y los acusados habrían aprovechado la recepción de fondos procedentes de la financiación bancaria en las cuentas de B3 Cable para autorizar el pago de esta suma a una entidad de la que ellos mismos eran partícipes. El dinero transferido a esta entidad terminó siendo «destinado a alguien desconocido».

En el transcurso del tiempo, todos los acusados se habrían beneficiado de los 6,3 millones de euros, ya sea en efectivo o en diferentes productos financieros como fondos de pensiones y bonos.

En 2009, la Junta General de B3 Cable aprobó las cuentas anuales del año anterior, incluyendo la factura de 6,3 millones de euros. La empresa luego dedujo este gasto al liquidar el Impuesto de Sociedades, lo que, según la Fiscalía, resultó en un fraude fiscal de 508.590 euros.

Los siete acusados enfrentan cargos por un delito de apropiación indebida y otro por delito fiscal. Cuatro de ellos eran administradores de B3 Cable en ese momento y los tres restantes eran socios mayoritarios. La pena solicitada para los cuatro administradores incluye seis años de prisión y una multa de 2.061.360 euros. Por su parte, los tres accionistas mayoritarios enfrentan una pena de cinco años y medio de cárcel y una multa de 1.552.770 euros.

La Fiscalía también busca que todos sean condenados a la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas, así como la privación del derecho a gozar de beneficios fiscales o de la Seguridad Social durante cinco años.

En términos de responsabilidad civil, la Fiscalía solicita que indemnicen de manera solidaria con 6,3 millones de euros a la Administración Concursal de B3 Cable y con 508.000 euros a la Agencia Tributaria.

Por otro lado, la Abogacía del Estado, que ejerce la acusación particular por el delito fiscal, busca una pena de tres años de prisión y una multa de 1.017.180 euros para cada uno de los acusados, además de la privación durante cuatro años del disfrute de beneficios fiscales, subvenciones o ayudas públicas. También se busca una indemnización de 508.000 euros a la Hacienda Pública.

El juicio dará comienzo a las 9:30 horas del martes en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria, donde se espera que se esclarezcan los hechos y se determinen las responsabilidades de los acusados en este caso.