Un responsable de Ascan ha negado que una empresa de este grupo -Sadisa- "pactara" con la Junta Vecinal de Escobedo de Camargo entregar una ayuda al club de fútbol local -la Unión Montañesa- a cambio de la renovación del contrato de explotación de una cantera.

Así lo ha manifestado el hermano del máximo representante de la sociedad esta semana, en su declaración como testigo ante el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Santander.

Ha testificado en el marco de las diligencias previas incoadas contra la expresidenta y extesorero de la pedanía tras denunciar la Fiscalía de Cantabria posible prevaricación y malversación de caudales públicos mediante pagos presuntamente "irregulares" al club deportivo (18.000 euros anuales, procedentes del convenio para la explotación de una cantera en terrenos de la pedanía).

Con motivo de estas actuaciones, iniciadas la pasada primavera, también declaró, al margen de los dos citados implicados y en calidad de investigada, la alcaldesa de Camargo, Esther Bolado (PSOE), quien manifestó que no tiene "nada que ocultar" y la "conciencia tranquila". "No tengo nada de qué arrepentirme", dijo en junio la regidora, que presidió la pedanía de entre 2011 y 2015.

Ahora, en la última testifical practicada, a la que ha tenido acceso Ep, Carlos Díaz -hermano de Santiago Díaz, presidente de Ascan, y responsable cuando sucedieron los hechos y en la actualidad de la gestión de las canteras de Hormisa y temas de esponsorización- ha asegurado que "no es cierto" que se pactara a cambio de la renovación de la explotación de una de ellas en suelo de Escobedo una ayuda de esta empresa o el grupo al que pertenece al club de fútbol, porque -explicó- no querían "vincular" el contrato en cuestión a pagos a un equipo deportivo.

En este sentido, recalcó que la Junta Vecinal "nunca dejó por escrito" que Hormisa tuviera que "pagar cantidad alguna" a la entidad deportiva, y que la negativa a subvencionar el equipo era "puramente económica".

Este testigo, cuya declaración se acordó tras la citación de su hermano en septiembre, también se refirió ante el juez instructor al convenio que posteriormente se suscribió entre la sociedad que dirige y la Junta Vecinal, pero de nuevo "sin mención alguna" a la Unión Montañesa. Indicó al respecto que la cantidad que se consignó, 36.000 euros, se pagó "por presión" y se aceptó "por pura imposición".

Igualmente, achacó a otra "imposición" de la Junta Vecinal los incrementos del canon del convenio, algo a su juicio "abusivo" y sin que hubiera "ningún beneficio añadido o finca o nada" que se entregara a la sociedad, asegurando que su empresa tampoco pudo "cuestionar" dichos aumentos por la "amenaza de rescindir el contrato y dejar a cincuenta trabajadores en la calle".

INVESTIGACIÓN

Las actuaciones judiciales por los supuestos pagos irregulares de la Junta de Escobedo al club de fútbol local se inician a petición del fiscal, tras hechos trasladados por los actuales dirigentes de la pedanía, contra la anterior presidenta y tesorero, también presidente de la Unión Montañesa, al que se habrían transferido más de 177.000 euros en 15 disposiciones, de 300 a 5.200 euros, entre 2007 y 2019.

En la denuncia se ponía de manifiesto que se trata de una cantidad "muy elevada" con cargo a los presupuestos de la pedanía, y de pagos realizados además de forma "directa" en favor de una entidad "dirigida por una persona vinculada a la propia Junta".

Y aunque los mismos se calificaron como "subvenciones", en las actas de las reuniones solo constan "acuerdos expresos" aprobando cuantías en favor de la Unión Montañesa en dos ocasiones y por 4.000 euros. Tampoco se aprecia "otro tipo de acuerdo, resolución o expediente administrativo para su concesión o posterior control, ni una fiscalización del destino dado a tales pagos".

De la documentación remitida al Juzgado se desprende que la expresidenta de la entidad local admitió los pagos durante su mandato y los justificó en base al convenio firmado en 2007 con Hormisa.