27.11.2021 |
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Gobierno valenciano advierte sobre los peligros de "criminalizar la solidaridad" con las personas migrantes

La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, ha advertido sobre los peligros de sancionar penalmente la ayuda que se presta a las personas migrantes que intentan acceder al territorio nacional de forma irregular.
Gobierno valenciano advierte sobre los peligros de "criminalizar la solidaridad" con las personas migrantes

VALÈNCIA, 23 (EUROPA PRESS)

La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, ha advertido sobre los peligros de sancionar penalmente la ayuda que se presta a las personas migrantes que intentan acceder al territorio nacional de forma irregular.

Para Bravo, las políticas de "inmigración cero" son inmorales pues castigan a quienes socorren a personas en peligro y "criminalizan la solidaridad".

La consellera se ha expresado así en la mesa redonda 'Jurisdicción penal e inmigración irregular', en el marco de las 'Jornadas sobre Derechos Humanos e Inmigración' organizadas por el Consejo General del Poder Judicial en San Bartolomé de Tirajana, en Las Palmas de Gran Canaria.

Bravo ha explicado que la actual regulación europea obliga a los estados miembro a sancionar el favorecimiento de entrada, permanencia y tránsito ilegal de migrantes. Debido a ese marco legal, muchos países de la UE castigan penalmente a quienes prestan ayuda humanitaria, ha indicado la Generalitat en un comunicado.

En ese sentido, la consellera ha recordado casos como el de los tres bomberos sevillanos que fueron procesados por un tribunal griego por acudir al rescate de refugiados sirios que intentaban llegar a la isla de Lesbos.

LOS CASOS DE CAROLA RAKETE Y DOMENICO LUCANO

También ha mencionado el proceso a Carola Rakete, por parte de las autoridades judiciales italianas, por conducir el barco que capitaneaba con 40 personas rescatadas a bordo hasta el puerto de Lampedusa o la persecución penal de Domenico Lucano, alcalde de un pequeño pueblo de Calabria que acogió inmigrantes irregulares a los que cedió las casas abandonadas de su localidad y promovió la creación de empleo para que pudieran quedarse.

"Ningún argumento político dirigido a la salvaguarda del bienestar o el aseguramiento de la identidad e integridad cultural europea puede prevalecer sobre los derechos del ser humano como el derecho a la vida, que no solo se lesiona matando sino también impidiendo que otros salven vidas", ha sostenido

En este sentido, Gabriela Bravo ha relatado que el Código Penal "no castiga el favorecimiento de la entrada o tránsito de migrantes en situación irregular cuando se haga por motivos de ayuda humanitaria". Sin embargo, cuando no concurre esta circunstancia --la ayuda humanitaria-- sí hay una respuesta punitiva, aun cuando se haga sin ánimo de lucro.

Ese fue el caso de 2018 de un hombre condenado a tres meses de prisión y 22 días de multa por intentar traer a su hijo desde Costa de Marfil, ha explicado Bravo. El padre había llegado 12 años antes a España huyendo de la persecución política. Tras regularizar su situación, logró traer a su esposa y a una hija, pero por tres veces le fue denegada la reunificación de su hijo Adu. Desesperado, pagó 5.000 euros para que un individuo trajera a su hijo, motivo por el que finalmente fue condenado a cárcel.

"No es propio de una sociedad democrática, moderna y avanzada que se castiguen conductas que contribuyen a salvar vidas", ha concluido la consellera.

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