La Fiscalía ve prevaricación en concurso con malversación y señala que el dinero fue empleado en deudas y tributos y no en inversiones

SEVILLA, 7 (EUROPA PRESS)

La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla tiene fijado para este viernes el comienzo del juicio de la pieza separada de las irregularidades detectadas en la empresa de capital riesgo Invercaria, adscrita a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), correspondiente al préstamo participativo por valor de 300.000 euros concedido por la entidad a la empresa jiennense Fumapa, declarada finalmente en concurso de acreedores, una operación que habría derivado en un perjuicio de 359.581,6 euros para las arcas autonómicas.

Este juicio se dirige contra el que fuera presidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo, --ya condenado a tres años y medio de cárcel por la pieza correspondiente al préstamo de Invercaria a la empresa Aceitunas Tatis--; la exconsejera de la agencia IDEA y vocal del consejo de administración de Invercaria Isabel de Haro Aramberri; el exdirector general de IDEA Jacinto Cañete, --condenado a inhabilitación especial por prevaricación en la sentencia sobre el "procedimiento específico" mediante el cual eran canalizadas las subvenciones autonómicas para expedientes de regulación de empleo (ERE) presuntamente fraudulentos y ayudas directas y supuestamente arbitrarias--; el vocal del consejo de administración de Invercaria y del consejo rector de IDEA Ramón Martín; y los directivos de Fumapa y Fumafra Fulgencio Canales y Francisco Gutiérrez Cañizares.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción, recogido por Europa Press, en abril de 2008, los citados dos responsables de Fumapa, "a pesar de ser conscientes de que no cumplían con los presupuestos exigidos por Invercaria como empresa de capital riesgo", propusieron supuestamente a Pérez-Sauquillo "una inversión a modo de préstamo participativo", para lo cual le presentaron sólo dos folios manuscritos que contenían una serie de gastos entre 2005 y 2008", así como un inventario de inmovilizado de Fumapa y su sociedad derivada Fumafra.

En ese sentido, el Ministerio Público expone que en 2006, Fumapa y Fumafra presentaron "fondos propios negativos por 27.644 y 165.037 euros respectivamente y ambas se encontraban en una situación comprometida desde el punto de vista económico a todos los niveles".

"El acusado Pérez Sauquillo, a pesar de ser consciente de la irregularidad del inicio del trámite y de la inviabilidad en todos los sentidos de tal ayuda, con estos datos y documentos, hizo llegar a través de su secretaria el interés del mismo en que se analizara la inversión, dándose traslado de estos documentos a personal del Departamento de Promoción, cuyo director era en esas fechas Cristóbal Cantos", precisa la Fiscalía.

SIN EXPEDIENTE DE INVERSIÓN

Ya el 1 de julio de 2008, en el seno del consejo de administración de Invercaria, según la Fiscalía, "Tomás Pérez Sauquillo como presidente, junto a los también acusados Isabel de Haro Aramberri, Jacinto Cañete Rolloso y Ramón Martín López que fueron los vocales en la sesión, aprobaron la inversión de manera unánime sin contar con expediente de inversiones aprobado ni por el Departamento de Análisis ni por el Comité de Inversiones conforme a lo que se regulaba en el Plan Director de la compañía", acordando así un préstamo participativo de 300.000 euros en favor de Invercaria.

Ello, a pesar de "no presentar plan de negocios ni análisis de inversión", pesando un informe previo de Cristóbal Cantos que exclusivamente con relación a Fumapa y no a Fumafra, apreciaba "un perfil positivo para recomendar la inversión solicitada", pero subordinando tal dictamen a "la necesidad de la auditoría de cuentas del ejercicio 2007, la diversificación de la cartera de clientes y un informe sobre la gestión de la empresa". "Ninguno de los tres aspectos señalados como necesarios se realizó posteriormente ni el presidente dio orden en tal sentido", determina la Fiscalía.

Una vez formalizado el préstamo participativo en favor de Fumapa, según la Fiscalía, Fulgencio Canales traspasó 150.000 euros del total de 300.000 euros a Fumafra y no incluyó dicho préstamo en las cuentas anuales de Fumapa ni en la documentación elevada a la administración concursal ni al juzgado mercantil una vez declarada Fumapa en concurso de acreedores.

FUERA DEL CONCURSO DE ACREEDORES

Ya en 2010, según la Fiscalía, Invercaria comunicó a Fumapa "la intención de dar por resuelto el préstamo participativo", pero en 2011 "el juzgado de lo mercantil notificó a Invercaria la no admisión del crédito por presentarse con posterioridad a la emisión del informe definitivo por la administración concursal", tras lo cual en 2012 dicha instancia declaró culpable el concurso de acreedores de Fumapa, atribuyendo expresamente la culpabilidad a Fulgencio Canales; mientras Fumafra cayó igualmente en concurso de acreedores.

La Fiscalía detalla además que tras desviar a Fumafra 150.000 de los 300.000 euros del préstamo participativo; Fumapa dedicó el resto de ese dinero "al pago de deudas con terceros, sin que en ningún momento se realizara inversión alguna en material y bienes de equipo"; del mismo modo que Fumafra, que habría destinado la cuantía recibida "al pago de acreedores, Seguridad Social y Agencia Tributaria, así como a la compra de nave industrial".

Dado el caso, la Fiscalía aprecia un perjuicio de 359.581,6 euros a Invercaria e IDEA, detectando un presunto delito de prevaricación en concurso con un delito de malversación de caudales públicos; atribuyendo a Pérez-Sauquillo, Isabel de Haro Aramberri, Jacinto Cañete y Ramón Martín el "complejo concursal ideal medial de prevaricación y malversación" y a Fulgencio Canales y Francisco Gutiérrez Cañizares el papel de "inductores" de tales delitos.

Dado el caso, para Pérez Sauquillo, Isabel de Haro Aramberri, Jacinto Cañete y Ramón Martín pide en cada uno de los casos seis años de cárcel, diez años de inhabilitación especial y 15 de inhabilitación absoluta; mientras para cada uno de los dos directivos acusados solicita dos años y medio de cárcel, seis años de inhabilitación especial y cinco años de inhabilitación absoluta; así como que todos ellos indemnicen conjuntamente a IDEA con 300.000 euros.