El abogado de Pujol Ferrusola reivindica que "el Estado es más fuerte, gana músculo y gana vigor, cuando respetamos la legalidad procesal"

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

El ex responsable de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino ha asegurado, durante la vista que se ha celebrado este viernes en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por el caso del pendrive 'fantasma', que "no hubo ninguna intencionalidad de perjudicar a la familia Pujol" con su entrega a la unidad policial que participaba en las pesquisas llevadas a cabo en la Audiencia Nacional sobre el origen del patrimonio del clan.

"No hubo ninguna intencionalidad de perjudicar a la familia Pujol, simplemente es recoger la prueba y remitirla a la autoridad judicial a través de mis subordinados", ha dicho Pino, durante la vista convocada en el TSJM para estudiar el recurso de apelación presentado por Jordi Pujol Ferrusola para intentar revertir la absolución del ex DAO y que sea condenado a hasta dos años de cárcel por un delito de revelación y descubrimiento de secretos.

En una breve intervención, Pino ha ratificado la versión que ofreció en el juicio desarrollado en 2020 en la Audiencia Provincial de Madrid. Así, ha expuesto que el pendrive se lo entregó un "comisario principal" y ordenó que se reenviara a la UDEF con miras a que fuera finalmente el entonces juez instructor, José de la Mata, quien valorara la prueba.

"Cuando se reenvía me olvido del pendrive, entre otras cosas, porque cuando yo ingresé en el Cuerpo me dijeron que, cuando hay una duda, automáticamente al juez", ha señalado para reivindicar que la Policía se limita a "recoger todo tipo de información" pero que son los magistrados quienes deben valorarla. "Lo que no hacemos nunca es ser jueces", ha subrayado.

En la misma línea, el abogado de Pino, José Manuel Heredia, ha considerado que es "una barbaridad" exigir una responsabilidad penal al ex mando policial, apuntando que si, a 'sensu contrario', su cliente se hubiera cuestionado si el origen del pendrive era "absolutamente limpio" o venía con "una mancha" y hubiera optado por "tirarlo a la papelera", entonces "hubiera sido condenado".

La fiscal se ha alineado con Pino en la medida en que ha sostenido que "la decisión de un alto mando policial de remitir (el pendrive) a la unidad operativa que sabe que está actuando como Policía Judicial" no puede derivar en una sanción penal, argumentando que hacerlo sería llevar a cabo una "interpretación extensiva" para este caso específico y de mala fe, "rebasando con creces el sentido de la norma" penal.

No obstante, más allá de las responsabilidades penales, la representante del Ministerio Público sí ha afeado a Pino su comportamiento. "No podemos convertir una conducta reprobable en una conducta reprochable penalmente", ha indicado.

"BARRA LIBRE"

Por su parte, el abogado de Pujol Ferrusola, Cristóbal Martell, ha defendido que, si bien coincide con la sentencia en que Pino no podía ser condenado a la pena de dos años y medio de cárcel que solicitaba inicialmente por un delito del artículo 198 del Código Penal, sí debe serlo por lo que ha considerado el "tronco común" de la revelación y el descubrimiento de secretos del 197, sancionado hasta con dos años de prisión.

Martell ha esgrimido que no hay duda de que se produjo un "acopio bastardo" del pendrive, por lo que ha centrado el debate jurídico en una "cuestión técnica" que, a su juicio, se dirimiría reconduciendo los hechos y el castigo del 198 al 197, porque el primero sería un "tipo especial" donde no debe mediar causa legal, que en este caso sí existía puesto que había una investigación judicial, y el segundo sería un tipo "residual" en el que desaparece dicho requisito.

"Aquí no estamos juzgando ni a la 'policía patriótica' ni a la 'guerra de comisarios'. No, esto es una cuestión muy técnica del principio de legalidad que hay que defender", ha dicho Martell, para enfatizar que "el Estado es más fuerte, gana músculo y gana vigor, cuando respetamos la legalidad procesal".

Asimismo, ha advertido de que la sentencia impugnada es "peligrosa" por cuanto "hay una suerte de barra libre que autoriza a los policías a obtener materiales ilícitos y llevarlos al proceso".

EL 'CASO PENDRIVE'

El primogénito del ex presidente catalán Jordi Pujol y Marta Ferrusola recurrió la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, que acordó la absolución tanto de Pino como del inspector jefe Bonifacio Díez Sevillano.

En esa sentencia, los magistrados reprocharon el "oscurantismo" de la conducta del ex Dao, pero estimaron que no cometió ningún ilícito porque actuó amparado por el cumplimiento del deber de perseguir el delito.

Según declaró Pino durante el juicio de 2020, el pendrive se lo entregó en 2012 o 2013 el entonces jefe de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas, que le comentó que se lo habían pasado "estos", expresión con la que el otrora DAO supuso que se refería a los detectives de Método 3 con los que colaboraban.

De acuerdo con la reconstrucción que hizo la Fiscalía del viaje del pendrive, Pino se lo dio en 2015 a Díez Sevillano, para que lo entregara a su vez a la UDEF. El dispositivo se perdió estando en manos del Grupo 12 de esta unidad policial hasta que dos años después el inspector jefe José Manuel Álvarez Luna lo encontró ordenando su mesa y lo envió al Juzgado Central de Instrucción Número 5 a cargo de De la Mata, que lo sacó de la causa por las dudas sobre su origen.