MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El Consejo Económico y Social (CES) considera necesario que el Anteproyecto de Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario incluya una mayor consideración de las necesidades de las personas consumidoras vulnerables, en especial, desde el punto de vista de "la seguridad y la salubridad de los alimentos donados".

En el dictamen, al que ha tenido acceso Europa Press, el CES opina que "es evidente que la donación de alimentos no resuelve los principales problemas de fondo que subyacen a la pobreza, adoptando el Anteproyecto un tratamiento de esta figura meramente instrumental".

A este respecto, añade que es necesaria "una mayor consideración" en el texto "de las necesidades de las personas consumidoras vulnerables, en especial, desde el punto de vista de la seguridad y la salubridad de los alimentos donados, prestando atención a la definición de plazos adecuados y una mayor claridad en la fijación de responsabilidades, que incentive y al mismo tiempo aporte seguridad jurídica a la donación de alimentos".

Por otro lado, el CES considera "particularmente importante" impulsar un "cambio en los patrones de consumo y la puesta en práctica de hábitos más sostenibles y saludables", trasladando a las personas consumidoras la necesidad de fomentar "comportamientos responsables en la gestión de los alimentos para reducir al máximo su desperdicio".

Para ello, propone poner en marcha "más actuaciones de sensibilización y concienciación" de toda la sociedad. En opinión del CES, debe hacerse partícipes del diseño y ejecución de tales iniciativas a todos los agentes clave, entre ellos, las administraciones, las asociaciones de personas consumidoras, los agentes sociales, los centros educativos y formativos de todo tipo, y la propia ciudadanía.

Asimismo, habida cuenta de las obligaciones que introduce el Anteproyecto para todos los agentes de la cadena alimentaria, incluida la elaboración de un plan de aplicación para la prevención de las pérdidas y desperdicio alimentario, el CES entiende que la entrada en vigor de la nueva norma debería tener en consideración "las especificidades de los distintos sectores que van a verse afectados, el tamaño empresarial, el hecho de que las empresas involucradas hayan realizado o no previamente acciones en este ámbito, así como sus repercusiones en el marco de las relaciones de trabajo".

Además, el CES considera necesario "reforzar el sistema de incentivos, entre otros, los de carácter fiscal", pues apunta que pueden resultar "muy efectivos" a la hora de reducir las pérdidas y el desperdicio alimentario.

Igualmente, dadas las nuevas obligaciones que impone el anteproyecto, el Consejo Económico y Social plantea que se prevean "mecanismos de control e inspección oficiales adecuados y armonizados", que permitan la correcta consecución del objeto y fines de la norma.

El CES también echa "en falta" una definición "más nítida" de las responsabilidades en materia de seguridad alimentaria, "máxime teniendo en consideración las importantes y nocivas consecuencias a que el incumplimiento puede dar lugar en la calidad de los alimentos y, en última instancia, en la salud de las personas consumidoras".