Bruselas, 5 jul (EFE).- Los gobiernos de Castilla y León y Cantabria hicieron frente común este miércoles en Bruselas para reclamar que la caza del lobo vuelva a ser legal en el norte del río Duero, y confiaron que un nuevo Gobierno central en manos del PP relaje la estricta protección que actualmente confiere al lobo.

En un evento sobre la coexistencia entre la ganadería y el lobo organizado por el Comité Europeo de las Regiones (CdR) y un grupo de eurodiputados, las dos comunidades autónomas acusaron al actual Ejecutivo central de haber sobreprotegido al lobo, y alertaron de un incremento de los ataques contra el ganado.

Por parte de Castilla y León, el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, deseó que las elecciones generales del 23 de julio den lugar a un nuevo Ejecutivo que "no gobierne sólo desde los despachos de Madrid, sino desde el territorio y para el territorio, y que conozca la realidad del medio rural".

Hasta hace dos años, las regiones situadas al norte del río Duero (Galicia, Asturias, Cantabria y el norte de Castilla y León) estaban exentas de realizar una estricta protección al lobo, al ser el área donde se concentran más del 95 % de todos los ejemplares que hay en España.

Sin embargo, bajo la premisa de que el lobo está en regresión, el Gobierno central extendió, en septiembre de 2021, la obligación de conservar esta especie a todo el territorio español, y en ambas orillas del Duero, mediante la inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre).

Con ello, Madrid acabó con las competencias que tenían en la gestión de esta especie las comunidades autónomas del noroeste del país, que constatan un aumento de la población del lobo en su zona y una escalada de ataques contra vacas, ovejas o caballos.

Quiñones (PP) avisó en declaraciones a EFE de que, si nada cambia tras las elecciones, seguir con el marco de protección actual va a ser "un desastre para la economía y la sociedad española".

"Si mantenemos este régimen durante cuatro años más, va a ser la debacle para el medio rural y el abandono de la ganadería. Van a anidar de forma mucho más grave los incendios forestales y va a haber un empobrecimiento de la ruralidad en España y de nuestra capacidad de producir alimentos de calidad", advirtió el consejero castellano y leonés.

Por parte del Gobierno de Cantabria, la consejera de la Presidencia en funciones, Paula Fernández Viaña, recordó que el Partido Regionalista Cántabro (PRC) al que pertenece ha permitido que el PP gobierne en solitario en esa comunidad sin el apoyo de Vox con un pacto que incluye volver a hacer legal la caza al lobo.

"Uno de esos puntos es sacar al lobo del Lespre, como una de las exigencias fundamentales que consideramos que, si gobierna también en España el PP, va a aplicarse de manera inmediata", confió Fernández Viaña, según dijo en declaraciones a EFE.

La consejera en funciones cántabra reivindicó, tras el evento del Comité de las Regiones, que para la gestión del lobo España tenga en cuenta "el principio de subsidiariedad", que ella definió como un valor "básico de la Unión Europea".

"Esto implica que los entes locales y regionales conocedores del problema gestionemos el asunto de manera directa, sin esa prohibición del Estado español", remarcó.

Fernández Viaña aseguró que la caza controlada y regulada del lobo "es necesaria", y mostró su voluntad de hacerlo en base al Plan de Gestión del Lobo que el Gobierno cántabro cerró en 2019, antes de que el Ejecutivo central extendiera en 2021 la protección de esta especie al norte del río Duero.

"El Plan costó mucho tiempo, muchos años, mucho diálogo, mucha negociación y mucho esfuerzo, y ahora es incomprensible que, al incluir al lobo en el Lespre, no podamos aplicarlo (el Plan de Gestión), siendo los conocedores del problema en primera instancia", denunció la consejera en funciones cántabra.

Actualmente, el lobo es una especie protegida en España y en el conjunto de la UE en virtud de la Directiva de Hábitats, una norma que el pasado año el Parlamento Europeo instó a reformar con el objetivo de proteger los intereses de los ganaderos. EFE

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