En un trascendental acontecimiento que redefine la estructura del sistema de pensiones en España, el Gobierno liderado por José Luis Rodríguez Zapatero, en estrecha colaboración con los agentes sociales, ha promulgado en 2011 una reforma profunda que establece nuevas pautas para la jubilación. La envergadura de estas modificaciones se evidencia en la determinación de que aquellos trabajadores que aspiren a obtener el 100 % de su pensión al jubilarse en 2024 deberán haber alcanzado la edad de 66 años y medio.

Este cambio no es meramente circunstancial, sino que forma parte de un plan estratégico que se desarrolla progresivamente desde 2013 hasta 2027. Durante este período de transición, la edad de jubilación se incrementará de manera escalonada, pasando de 65 a 67 años. Un hito que, si bien afecta a todos los nacidos a partir de 1948, impondrá condiciones aún más restrictivas para aquellos nacidos en 1960, quienes, salvo excepciones, no podrán retirarse antes de los 67 años con el 100 % de su pensión, a menos que acumulen un período significativo de 38 años y medio de cotizaciones a la Seguridad Social.

En paralelo, otra modificación crucial introducida a partir de 2013 ha sido el aumento gradual del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión. Este período, que inicialmente se estableció en 15 años, se ha extendido hasta alcanzar los 25 años en 2022. De manera fundamental, este cambio implica que, a partir de dicho año, el cálculo de la pensión se realizará tomando en cuenta los últimos 25 años cotizados a la Seguridad Social.

Este ajuste no solo implica una consideración temporal sino que también tiene implicaciones financieras significativas para los trabajadores que, al alcanzar su jubilación, verán reflejada la realidad de sus contribuciones a lo largo de un periodo más extenso. La medida se presenta como un componente esencial de la reforma, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones en el futuro y responder a las cambiantes dinámicas demográficas y económicas.