El pasado año, la comunidad de Cantabria experimentó una disminución en la mayoría de los indicadores que evalúan el riesgo de pobreza y exclusión social en su población. A pesar de esta mejora, todavía un porcentaje cercano al 20 por ciento de los habitantes de Cantabria, lo que se traduce en aproximadamente 110.000 personas, enfrentan la amenaza de la pobreza y la exclusión social, en comparación con las 125.000 registradas en 2021.

Estos datos se desprenden del decimotercer informe anual sobre pobreza y exclusión social que emplea el indicador Arope. Dicho indicador combina múltiples elementos relacionados con la renta, el acceso a bienes de consumo y la situación laboral. La presentación de este informe tuvo lugar en Santander y estuvo a cargo de Daniel Pesquera, presidente de EAPN Cantabria, Rosa Pérez, vicepresidenta de dicha entidad responsable de la elaboración del informe, y Gabriel Herrería, presidente de la Coordinadora Cántabra de ONGD.

Más del 42% de la población tiene dificultades para llegar a fin de mes, experimentando un aumento de casi 9 puntos.

Mejorar la protección social. Aunque se ha destacado una mejora en los indicadores relacionados con la pobreza y la exclusión social en Cantabria, los expertos han subrayado la necesidad de continuar trabajando en esta problemática, ya que la mejora observada aún no es suficiente. Han expresado su preocupación por el impacto de la inflación y han enfatizado la importancia de reducir la brecha de género, controlar los costos de vivienda y mejorar la redistribución de la riqueza y la protección social. En este contexto, han propuesto la creación de un «observatorio de la pobreza» de ámbito regional.

De acuerdo con el informe, en Cantabria se ha registrado una disminución de casi cuatro puntos porcentuales en el número de personas que han experimentado retrasos en el pago de gastos relacionados con su vivienda principal o compras a plazos en los últimos 12 meses, situándose en un 5,3 por ciento. Además, se ha observado un notable incremento en el porcentaje de personas que pueden permitirse comer carne o pescado de manera regular y que tienen la oportunidad de reunirse con amigos al menos una vez al mes. No obstante, el informe también revela que el número de personas que no pueden mantener sus hogares a una temperatura adecuada durante los meses de invierno ha aumentado significativamente, superando el 13,1 por ciento de la población. Adicionalmente, más del 42 por ciento de la población experimenta dificultades para llegar a fin de mes, rompiendo una tendencia descendente que se había mantenido desde 2018 y mostrando un incremento de casi 9 puntos en comparación con el año anterior.

La tasa de riesgo de pobreza en cantabria fue del 14,8% en 2022, lo que representa más de 86.000 personas.

En 2021, el 19,5 por ciento de la población de Cantabria se encontraba en situación de riesgo de pobreza o exclusión social, lo que representó una disminución de 1,9 puntos en comparación con el año anterior. Este descenso está en línea con la tendencia observada a nivel nacional.

Con estos datos, Cantabria ha mejorado una posición con respecto a 2021 y se ha situado como la cuarta región con la menor proporción de población en riesgo de pobreza o exclusión social, únicamente superada por Navarra, el País Vasco y Aragón. En relación con la tasa de riesgo de pobreza, para el año 2022, esta se situó en Cantabria en un 14,8 por ciento, lo que equivale a más de 86.000 personas en situación de pobreza. De ellas, alrededor de 46.000 son mujeres y 40.000 son hombres. La región se encuentra 5,6 puntos porcentuales por debajo de la media nacional (20,4 %) y se posiciona como la cuarta mejor región en comparación con otras, superando únicamente a Navarra, el País Vasco y Cataluña.

En lo que respecta a la pobreza severa, la tasa en Cantabria fue del 5,1 por ciento en 2022, medida según un umbral equivalente al 40 por ciento de la mediana de la renta nacional, es decir, el porcentaje de personas que viven en hogares con un ingreso máximo de 560 euros mensuales por unidad de consumo. Estos datos colocan a Cantabria como la segunda región con la tasa más baja del país, solo superada por Aragón.

Cantabria se ubica 5,6 puntos por debajo de la media na- cional en términos de riesgo de pobreza.

Tras la reducción experimentada el año pasado, cuando la tasa disminuyó en 2,7 puntos, este indicador ha vuelto a experimentar una disminución, esta vez de 0,9 puntos. A pesar de esta mejora, más de 34.000 personas en Cantabria siguen en riesgo de pobreza severa. En términos de renta media, en Cantabria se registra una media de 13.811 euros por persona y 19,974 euros por unidad de consumo. Estos valores superan la media nacional y se han incrementado gracias a las medidas de escudo social. Este aumento ha sido resaltado por Rosa Pérez, quien ha destacado el papel crucial de las transferencias estatales en estos buenos resultados en comparación con el conjunto del país. En términos absolutos, la renta media en Cantabria ha experimentado un crecimiento paralelo al observado en el conjunto de España, con un aumento de 1.315 euros en 2022. La renta por persona también ha experimentado un incremento de 963 euros.

Con estos resultados, Cantabria se ubica entre las regiones con rentas más elevadas, situándose en la quinta o sexta posición en términos absolutos. La renta por unidad de consumo en Cantabria supera en 814 euros la media nacional, y la renta por persona supera en 803 euros la media nacional. Desde EAPN-Cantabria, se ha destacado que la pobreza y la exclusión social son problemas estructurales con tasas que se han mantenido altas y constantes en las últimas décadas. Por tanto, han abogado por una revisión profunda del modelo de desarrollo. Los representantes de EAPN-Cantabria han señalado que es esencial erradicar la pobreza y han propuesto la creación de un observatorio regional de la pobreza para permitir un seguimiento más detallado y una evaluación minuciosa de los indicadores de pobreza como parte de un compromiso decidido por avanzar hacia su erradicación.

La tasa de pobreza severa fue del 5,1% en 2022, situando a cantabria como la segunda región con la tasa más baja.

Pobreza infantil. El 92 % de los menores que viven en familias atendidas por Cruz Roja están en situación de pobreza y el abandono temprano de la educación y de la formación de los jóvenes que viven en esos hogares se eleva hasta el 46 %, frente al 13,3 de la población en general.

Son datos del boletín sobre vulnerabilidad «Calidad de vida de las familias vulnerables», en el que Cruz Roja, en coordinación con la Universidad Carlos III, analiza la situación de las familias a las que acompaña, con una encuesta a un millar de ellas que tienen hijos de 0 a 25 años, en relación con el Indicador de Calidad de Vida del INE.

El perfil de los hogares más frecuentes es el formado por una pareja con hijos (58,2 %) y familias monoparentales, especialmente encabezadas por mujeres (37,5 %).

La renta media en cantabria es de 13.811 euros por perso- na y 19.974 euros por unidad de consumo.

Sólo el 38,6 % de las familias atendidas por Cruz Roja están satisfechas con su vida, frente al 74,7 % reflejado por el INE en relación con 2021 de la población general.

Los resultados de la investigación muestran un indicador de calidad de vida 5,59 puntos menos entre la población atendida por Cruz Roja (96,24 puntos frente a 101,83 puntos), en el que impactan las condiciones materiales de vida, el empleo, la educación, el ocio y las relaciones sociales. La tasa de riesgo de pobreza y exclusión entre las familias atendidas por Cruz Roja es del 90,2%, el 27,6 % en la población general en 2021, que descendió hasta el 26% en 2022 (según la Encuesta Condiciones de Vida del INE).

«Mientras el riesgo de pobreza y exclusión social ha bajado respecto a un año antes, en las familias atendidas por Cruz Roja se ha disparado», ha explicado la directora de Estudios, Estrella Rodríguez Pardo. Además, en estos hogares el 59,2 % se encuentra en una situación de carencia material severa (7,3 % en población española), aumentando cuando se trata de familias monoparentales (67,2 %) y llegando a suponer siete de cada diez familias cuando se trata de las formadas por una madre y sus hijos e hijas (69,8 %). Respecto a los menores de 16 años que viven en estas familias, el 92,1 % están en situación de pobreza infantil, es decir, viven en hogares bajo el umbral de riesgo de pobreza, mientras que la tasa de pobreza infantil en España es del 28,7 % (2021).

El precio de la vivienda y la inflación, principales riesgos

La recuperación económica de los hogares en España se ve obstaculizada por varios factores, incluyendo el elevado gasto en vivienda, la inflación y la falta de apoyo a las familias con niños. Según el informe «El estado de la Pobreza 2022» de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES), más de 12,3 millones de personas se encuentran en riesgo de pobreza y exclusión social en el país. El gasto en vivienda representa casi el 40% de los ingresos de los hogares en situación de pobreza, lo que supone un esfuerzo financiero más de tres veces mayor que el realizado por las personas no pobres, cuyo gasto en vivienda equivale al 12,5% de sus ingresos. El informe subraya que las personas en riesgo de pobreza tienen menos acceso a la propiedad de viviendas y tienden a alquilar, lo que no solo genera inseguridad, sino que también implica costos más elevados en comparación con las hipotecas.

Un 79,1% de las personas con un alto gasto en vivienda se encuentran en situación de pobreza. Las personas en riesgo de pobreza se ven afectadas por retrasos en el pago de facturas de servicios públicos y de hipotecas o alquileres, siendo cuatro veces más frecuentes que en la población no pobre (20,4%). A pesar de las medidas de protección social implementadas en 2020, como los ERTE, se observa que una proporción significativa de la población pobre en edad laboral tiene empleo remunerado, alcanzando casi un tercio (32,9%). El estudio revela un aumento en la incidencia de la pobreza entre personas con educación media o alta, lo que sugiere que este problema no se limita a aquellos con menor nivel educativo. Además, el informe identifica un incremento en el número de personas que no pueden hacer frente a gastos imprevistos, que tienen dificultades para llegar a fin de mes y que no pueden permitirse una alimentación adecuada. A pesar de que se han producido mejoras en los indicadores de pobreza y exclusión social en comparación con 2021, se destaca que la pobreza sigue siendo un problema estructural. El estudio también resalta la importancia de la función redistributiva de la Administración pública, indicando que, sin las transferencias públicas, incluyendo las pensiones, casi la mitad de la población española se encontraría en situación de pobreza.