Zuloaga hace seguidismo de Sánchez e insiste en tergiversar la realidad en un acto del PSOE. Un día después de publicar el ‘bulo’ sobre el informe de la ONU, el líder de los socialistas cántabros, Pablo Zuloaga, lanzó duras críticas al gobierno regional del Partido Popular, sin embargo, sus afirmaciones carecen de fundamentos sólidos y en muchos casos son directamente falsas. En su intervención en un acto por el 145 aniversario del PSOE en Santander, Zuloaga ha afirmado que el último año ha sido «un año perdido» para Cantabria bajo el mandato del PP, culpándolos de un supuesto deterioro en todos los indicadores económicos y sociales. Sin embargo, estas acusaciones carecen de evidencia concreta y distorsionan la realidad.

Una de las afirmaciones más preocupantes de Zuloaga es su aseveración de que el desempleo no mejora en Cantabria, cuando en realidad la comunidad registra la menor tasa de desempleo en España, un 7,53% en el primer trimestre de 2024,

Además, Zuloaga ha intentado vincular la llegada del PP al gobierno regional con un supuesto «descalabro» en la licitación pública, citando una caída del 63% en el primer trimestre respecto al mismo periodo del año anterior. Sin embargo, no proporciona contexto ni datos adicionales para respaldar esta afirmación, dejando al público sin una comprensión clara de la situación.

Además, es contradictorio que Zuloaga critique las listas de espera en la sanidad de Cantabria, atribuyendo su supuesto empeoramiento al gobierno del PP, cuando su propio partido ha sido responsable del Servicio Cántabro de Salud durante varias legislaturas anteriores. Es evidente que la situación heredada por el gobierno recién formado del PP es en gran medida resultado de las políticas y gestiones previas llevadas a cabo por el PSOE en materia de salud. Por lo tanto, resulta deshonesto e irresponsable por parte de Zuloaga intentar desligar a su partido de la problemática actual, que en gran medida es consecuencia de su propia gestión pasada.

En lugar de ofrecer soluciones concretas o propuestas constructivas, Zuloaga ha optado por una retórica vacía y acusaciones infundadas, lo que refleja una falta de seriedad y compromiso con el bienestar de Cantabria y sus habitantes.

En última instancia, es imperativo que los líderes políticos ejerzan su responsabilidad con honestidad y transparencia, ofreciendo un debate fundamentado en datos verificables y propuestas concretas en lugar de recurrir a la desinformación y la demagogia para obtener rédito político.

«La lucha por la igualdad, la justicia, los derechos y las libertades merece la pena para hacer frente a esa maquinaria del fango que encabezan Feijóo y Abascal», ha expresado Zuloaga en referencia a los líderes nacionales de PP y Vox. «Hemos sido víctimas de los ataques desmesurados de la derecha y de la extrema derecha pretendiendo llevarse por delante los pilares básicos de nuestra democracia a través de bulos, de insultos y de desinformaciones», unas declaraciones de Zuloaga hipócritas, especialmente cuando él mismo ha sido responsable de difundir información falsa, como el bulo sobre el informe de la ONU, y distorsiona los datos reales, como en el caso del desempleo en Cantabria.

Así, Zuloaga acusa a la derecha y a la extrema derecha de ataques desmesurados y desinformación mientras él mismo recurre a estas tácticas para denigrar a sus contrincantes políticos.

La ONU reprueba duramente las leyes de concordia de los gobiernos del PP. Una vez más Buruaga tendrá que decidir entre cumplir la ley y defender los derechos en Cantabria o seguir como siempre las órdenes absurdas de Feijóo https://t.co/t8GZfw4Dg9

— Pablo Zuloaga /🤍❤️ (@Pablo_Zuloaga) May 3, 2024

Carta emitida por tres relatores de la ONU

La declaración de Zuloaga se basaba en una carta emitida por tres relatores de la ONU, expertos independientes designados para monitorear y evaluar diversas situaciones relacionadas con los derechos humanos en todo el mundo. Estos relatores, en su comunicación, expresaron preocupaciones respecto a ciertas leyes de concordia promovidas por algunos gobiernos autonómicos en España, pero es importante subrayar que sus opiniones y recomendaciones no poseen carácter vinculante y no implican obligaciones legales para los Estados.

La misiva de los relatores de la ONU, elaborada a solicitud del Gobierno español, planteaba inquietudes acerca de cómo algunas de estas leyes de concordia podrían afectar el derecho de las víctimas a la verdad y abrir la puerta a teorías negacionistas. No obstante, el informe no emitía un dictamen definitivo sobre la legalidad o ilegalidad de dichas normativas, sino que se limitaba a formular recomendaciones que los Estados podrían tomar en consideración.

La reacción de Zuloaga al compartir esta información sin contextualizarla adecuadamente y presentarla de manera sesgada ha suscitado críticas en las redes sociales, donde se le ha acusado de manipular la verdad con fines políticos. Entre los mensajes más destacados, Solzhenitsyn Online (@solzhenitsyn_OL) lamentó la falta de honestidad en la comunicación política al afirmar: «Mentir en redes sociales no es la manera de hacer política, debería haber un compromiso con la verdad y la transparencia». Esta crítica coincide con la de otros usuarios como Un Zapillero Curioso (@UnoDelZapillo), quien advierte sobre las posibles consecuencias negativas para el partido de Zuloaga en el futuro: «Cuando el señor Sánchez ya no esté en el gobierno, si yo fuera el nuevo gobierno os cortaba el grifo de las subvenciones... Y ahí os acordaréis de todo lo cómplice que fuisteis solamente por un puñado de euros». Este comentario refleja la preocupación por la credibilidad del PSOE en el contexto de la difusión de información engañosa. Asimismo, Carmonilla (@carmonilla1974) hizo hincapié en la gravedad del asunto al destacar: «Es preocupante que se difundan bulos desde altos cargos políticos, socavando la confianza en las instituciones y alimentando la polarización en la sociedad».

En el marco de este debate, es fundamental examinar en detalle el contexto en el que surgieron las leyes de concordia objeto de controversia. Estas normativas, impulsadas por algunos gobiernos autonómicos liderados por partidos de derecha como el PP y Vox, buscan abordar cuestiones relacionadas con la memoria histórica y la reconciliación nacional. La carta de los relatores de la ONU ha avivado el debate sobre estas cuestiones, pero su contenido y alcance han sido objeto de interpretaciones diversas. Si bien es cierto que los relatores expresaron preocupaciones sobre las posibles implicaciones de ciertas leyes de concordia en relación con los derechos humanos, también es importante destacar que sus opiniones no constituyen un pronunciamiento definitivo de la ONU como institución. Además, es crucial tener en cuenta que los relatores actúan de manera independiente y no representan la posición oficial del organismo internacional.

La bulocracia de Bolaños.
Tres bulos en un tuit.

1. La ONU no ha dicho nada. Lo han dicho “expertos independientes que hacen este tipo de informes de forma voluntaria” y cuyas opiniones “no expresan una postura de la ONU”.
Fuente @ONU_es, vía @Newtral

2. La Comisión Europea… https://t.co/LvN1kCC7ag

— Cayetana Álvarez de Toledo (@cayetanaAT) May 4, 2024

Naciones Unidas deja en evidencia al PSOE: el informe es una «opinión»

En un contexto marcado por el debate político y social en España en torno a la memoria histórica y los derechos humanos, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha emitido un informe sobre las llamadas ‘leyes de concordia’ promovidas por algunos partidos políticos en distintas comunidades autónomas. Este informe, solicitado por el Gobierno español, ha generado intensas discusiones y análisis sobre su alcance y relevancia. Las ‘leyes de concordia’, impulsadas principalmente por el Partido Popular (PP) y Vox, han sido objeto de controversia debido a su posible impacto en la preservación de la memoria histórica y el reconocimiento de las víctimas de violaciones de derechos humanos durante la dictadura franquista y la etapa posterior de la Transición española. Estas leyes, presentadas como instrumentos de reconciliación y pacificación, han sido criticadas por diversos sectores de la sociedad y organizaciones de derechos humanos por considerar que podrían perpetuar la impunidad y el olvido de los crímenes del pasado.

El informe de la ONU, elaborado por tres relatores, Fabian Salvioli, Morris Tidball-Binz y Aua Baldé, ha puesto de manifiesto una serie de preocupaciones y recomendaciones en relación a estas normativas. Uno de los puntos más controvertidos del informe es la crítica a la Ley de Concordia en tramitación en la Comunidad Valenciana, la cual incluye un reconocimiento explícito a las víctimas del terrorismo islamista y de ETA. Esta disposición ha sido interpretada como una forma de equiparar las víctimas de distintos contextos de violencia política, generando debate sobre la legitimidad y la equidad de este reconocimiento.

La reacción ante el informe de la ONU ha sido diversa y polarizada. Mientras algunos sectores políticos y sociales han respaldado las conclusiones de los relatores y han instado a reconsiderar las ‘leyes de concordia’, otros han rechazado categóricamente las críticas y han defendido la legitimidad de estas normativas como instrumentos de reconciliación y convivencia democrática. En este contexto, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha cuestionado las conclusiones del informe, afirmando que para su partido «los 40 años de Franco han sido una dictadura y ETA una banda terrorista». Feijóo ha instado a analizar detenidamente los textos legislativos y no dar por válidas las críticas de los relatores sin un análisis exhaustivo. Por otro lado, desde el Gobierno español, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Felix Bolaños, ha respaldado las conclusiones de los relatores, calificando las ‘leyes de concordia’ como «indignas de una democracia como España». Bolaños ha destacado la importancia de garantizar la memoria histórica y el reconocimiento de las víctimas como pilares fundamentales de la democracia y el Estado de derecho.

Es importante resaltar que el informe de la ONU no posee carácter vinculante, siendo considerado por la organización como una serie de recomendaciones y opiniones que no imponen obligaciones legales a los Estados. Sin embargo, su publicación ha abierto un espacio de reflexión y debate en la sociedad española sobre la memoria histórica y los derechos humanos, alimentando el diálogo y la confrontación de ideas en torno a un tema sensible y complejo.