El órgano fiscalizador reclama 5,4 millones de euros a 34 personas en concepto de responsabilidad contable

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El Tribunal de Cuentas seguirá mañana con la vista para escuchar a la Fiscalía y a la Abogacía General del Estado tras haber terminado este martes las alegaciones de los letrados de los ex cargos del Govern de la Generalitat de Cataluña, a los que ha pedido una fianza inicial de 5.422.879,48 euros en concepto de responsabilidad contable, por el presunto desvío de fondos para las denominadas 'embajadas catalanas' y para el Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña, conocido como Diplocat.

Tras una jornada de casi ocho horas, las defensas deberán volver mañana para conocer también la exposición de los representantes legales de la Generalitat, del Diplocat y de las sociedades Abogados Catalanes por la Constitución y Sociedad Civil Catalana, antes de que el tribunal acuerde si hace o no alguna modificación al acta de liquidación provisional.

Durante la vista de este martes, los letrados han tenido 10 minutos cada uno para presentar sus alegaciones sobre los 504 folios que han recibido por parte del órgano fiscalizador y que han analizado en la misma sede del Tribunal de Cuentas durante tres horas.

El ex consejero de la Presidencia y letrado de varios de los ex cargos señalados Francesc Homs ha reprochado el procedimiento. "Analizar un texto de vocación jurídico de 500 páginas para presentar alegaciones, cuando además hay en juego tantos millones de euros, no permite posibilidad de defenderse ni es proporcionado ni lógico", ha dicho en declaraciones a la prensa a su salida del tribunal.

"RAZONES POLÍTICAS"

Homs ha asegurado que la justificación que ha dado el órgano fiscalizador de la presunta responsabilidad contable de sus clientes y el resto de ex cargos "es básicamente por razones de naturaleza política". "Más que el Tribunal de Cuentas es el tribunal de pasar cuentas", ha indicado tras insistir en que las "pocas respuestas" que ha conocido por parte de la instructora han sido "inconsistentes".

En este sentido, ha reprochado que se concluya que la responsabilidad contable sea consecuencia de fomentar el proceso secesionista de Cataluña, "tal y como si el hacer esto estuviera prohibido por la ley".

Homs ha subrayado que, aunque el Tribunal de Cuentas reclama una suma por el presunto uso irresponsable de fondos de la Generalitat en el exterior, no hay una sentencia que condene a los ex cargos por estos hechos, a diferencia de la sentencia del 'procés' y la del 9-N.

Ha insistido en que en este caso "ni siquiera" se activaron mecanismos del Ministerio de Interior. "No estamos ante una actuación prohibida; la instructora ha llegado solita a la conclusión de que era inconstitucional", ha añadido.

5,4 MILLONES ENTRE 34 EX CARGOS

Según el acta de liquidación provisional, al que ha tenido acceso Europa Press, se les reclama a 34 ex cargos --incluidos el ex presidente catalán huido Carles Puigdemont y el ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras-- cantidades individuales por conceptos concretos que aprobaron cuando estaban en sus respectivos cargos, si bien todos ellos deberán responder al total de forma solidaria hasta los 5,4 millones.

La mayor suma se le atribuye al ex secretario del Diplocat Albert Royo, a quien se le responsabiliza de 3,6 millones; le siguen la ex interventora de la Generalitat Mireia Vidal, por 3,1 millones; el ex consejero de Presidencia Francesc Homs, por 2,9 millones; el ex presidente Artur Mas por 2,8 millones; y el ex consejero de Economía Andreu Mas-Collet por 2,7 millones.

En el caso de Raül Romeva, uno de los nueve indultados por el Gobierno, la cifra alcanza los 2,1 millones de euros; Junqueras --también beneficiado por la medida de gracia-- figura con una responsabilidad contable de 1,9 millones, al igual que Puigdemont.

Han quedado fuera de la lista de presuntos responsables los ex consejeros de Presidencia Jordi Turull y Neus Munté. Así, también han sido desestimados otros seis ex cargos y en el acta de liquidación provisional facilitada este martes a las defensas figuran un total de 34 nombres.

Fuentes del procedimiento han explicado a Europa Press que los ex cargos tendrán un plazo de 15 días hábiles desde el momento en que reciban la versión definitiva del acta de liquidación provisional para depositar las fianzas requeridas. De no abonar el dinero se procederá al embargo de bienes. Los letrados podrán recurrir una vez entregado el dinero.

DOS CAUSAS, UN JUICIO

Las mismas fuentes han precisado que este expediente y los 5,4 millones que finalmente se aporten se sumarán a los 4,1 millones que ya fueron consignados a través de la denominada Caja de Solidaridad por el coste que --según el Tribunal de Cuentas-- representó el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017; sobre esta cantidad ya se presentó recurso ante el Tribunal Supremo.

Así, la causa por el presunto uso indebido de fondos de la Generalitat en Cataluña y la causa por los gastos en el exterior serán una sola que se juzgará en conjunto. Si tras el juicio se concluye que no son responsables de dicho uso irregular, se les devolverá la fianza.