La ZBE de Torrelavega: sin necesidad ambiental y con afán recaudatorio
Mientras varias ciudades anulan sus Zonas de Bajas Emisiones por defectos legales, Torrelavega mantiene las sanciones sin revisar su plan. La falta de diálogo y la presión sancionadora aumentan el malestar
La reciente cadena de resoluciones judiciales en toda España comienza a poner en entredicho la forma en que se han implantado muchas Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), algunas de ellas anuladas por graves deficiencias legales y administrativas. El caso ha adquirido especial relevancia tras publicarse que al menos 13 sentencias han tumbado temporalmente ocho ZBE en diferentes ciudades, por motivos como la falta de participación ciudadana, la ausencia de informes técnicos preceptivos o una tramitación al margen de los procedimientos legales exigidos.
Mientras el debate se extiende por todo el país, en Torrelavega la situación contrasta por completo: el Ayuntamiento –gobernado por PRC, PSOE y Torrelavega Sí– no solo no rectifica, sino que sigue avanzando con el régimen sancionador, aplicando multas mediante cámaras sin modificar su plan, ni abrir espacios de revisión o diálogo con los vecinos.
¿A qué espera Torrelavega para actuar?
La opacidad y la falta de consenso han sido una constante desde el inicio de esta polémica implantación en el municipio. A pesar de que la calidad del aire en Torrelavega es buena, con niveles muy por debajo de los límites europeos según datos del propio CIMA, se ha seguido adelante con un sistema punitivo que no responde a una necesidad ambiental objetiva, sino a una política impopular que multiplica las sanciones y el malestar ciudadano.
El Real Automóvil Club Vasco Navarro (RACVN), que ha sido parte activa en la batalla legal, ha advertido que muchas ZBE “tienen los días contados”, en vista del número creciente de sentencias en contra y de los recursos pendientes en otras ciudades. El efecto dominó ya está en marcha.
Una moratoria es urgente y necesaria
El Ayuntamiento de Torrelavega no puede seguir ignorando esta situación. Persistir en el castigo y en la recaudación sin revisar legalmente el procedimiento de implantación de la ZBE es una irresponsabilidad. Más aún en medio de una ciudad marcada por el cierre de comercios, las obras de FEVE que asfixian el tráfico y la vida diaria, y una economía local que no se puede permitir más obstáculos artificiales.
