«Nos están expulsando del centro»: la voz de quienes viven y trabajan dentro de la ZBE
Los testimonios recogidos para este reportaje reflejan el malestar creciente de una parte de comerciantes, autónomos y vecinos de Torrelavega ante la implantación de la Zona de Bajas Emisiones. Los nombres utilizados son ficticios a petición de los entrevistados, que prefieren preservar su identidad por temor a verse perjudicados en sus relaciones con la Administración local o verse expuestos públicamente por expresar una opinión crítica sobre la gestión municipal.
La discusión sobre la Zona de Bajas Emisiones de Torrelavega ya no se limita a cuestiones técnicas, jurídicas o medioambientales. En las calles, en los comercios y en las conversaciones cotidianas, la ZBE se ha convertido para muchos ciudadanos en el símbolo de una forma de gobernar que consideran alejada de la realidad diaria de quienes viven y trabajan en la ciudad.
Mientras el Ayuntamiento y el alcalde Javier López Estrada continúan defendiendo la medida como una obligación derivada de la normativa estatal y europea, una parte de la ciudadanía sostiene que la aplicación práctica del sistema ha generado incertidumbre, preocupación y un progresivo deterioro de la actividad en el centro urbano.
Las críticas no son nuevas. En las últimas semanas se han sucedido las advertencias de diferentes colectivos. Los comerciantes han alertado del impacto de la ZBE sobre el centro, mientras que diversos sectores económicos han expresado su preocupación por el futuro de la actividad comercial.
"Antonio" lleva casi tres décadas al frente de un pequeño negocio familiar.
«Lo que más me molesta no es la norma. Lo que me molesta es la sensación de que nadie ha pensado en nosotros. Aquí cada cliente cuenta. Si una persona tiene dudas sobre si puede entrar, si va a recibir una multa o si necesita algún permiso, muchas veces opta por no venir. Y cuando eso ocurre cien veces al mes, el daño se nota», explica.
Según su experiencia, la ciudad lleva años perdiendo atractivo comercial frente a grandes superficies y plataformas digitales.
«Lo último que necesitábamos era añadir más obstáculos. Torrelavega no está saturada de tráfico ni tiene los problemas ambientales de una gran capital. Sin embargo, se están aplicando restricciones que parecen diseñadas para ciudades completamente distintas».
Una percepción parecida comparte "María", vecina del municipio.
«Yo no me considero una activista ni estoy en contra del medio ambiente. Lo que quiero es poder organizar mi vida sin miedo a cometer un error burocrático. Mucha gente sigue teniendo dudas sobre horarios, permisos o excepciones. Eso no debería pasar después de tanto tiempo».
Para ella, el problema principal es la falta de confianza.
«Cuando una administración comunica mal una medida tan importante, la consecuencia es que la gente deja de creer en ella. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo».
Las críticas encuentran respaldo en las denuncias realizadas por numerosos profesionales. Los autónomos también han cuestionado las restricciones, reclamando mayor consenso y más diálogo antes de aplicar medidas que afectan directamente a su actividad diaria.
Entre los sectores más críticos se encuentran precisamente trabajadores que dependen del vehículo para desarrollar su actividad.
"Javier", profesional que realiza desplazamientos diarios por diferentes puntos de la ciudad, asegura que la ZBE ha complicado innecesariamente su trabajo.
«Dependemos del vehículo para trabajar. No hablamos de comodidad. Hablamos de herramientas, materiales y desplazamientos constantes. Cada nueva restricción supone más trámites, más incertidumbre y más tiempo perdido».
A su juicio, la cuestión de fondo sigue sin responderse.
«¿Dónde están los datos que demuestran que Torrelavega necesitaba una medida tan agresiva? Esa es la pregunta que muchos seguimos haciéndonos».
Las críticas no se limitan únicamente al impacto económico. Muchos entrevistados coinciden en señalar que el debate ha terminado convirtiéndose en una cuestión política.
Algunos consideran que el equipo encabezado por López Estrada ha priorizado el cumplimiento administrativo frente a las necesidades concretas de la ciudad. No en vano, el Ayuntamiento aprobó recientemente la medida de forma definitiva pese a la oposición de diversos sectores. La aprobación definitiva de la ZBE ha incrementado la tensión política y social en torno a la medida.
«Da la sensación de que se gobierna desde los despachos y no desde la calle», afirma otro comerciante consultado.
«Quien viene todos los días al centro sabe perfectamente cuáles son los problemas reales de Torrelavega: el comercio pierde fuerza, cuesta atraer actividad y cada vez hay más vecinos que hacen sus compras fuera. En ese contexto, imponer más restricciones parece exactamente lo contrario de lo que necesita la ciudad».
La sensación de agravio aumenta cuando muchos vecinos comparan la situación local con la de otras ciudades que han optado por modelos más flexibles o fases de adaptación más prolongadas.
Mientras tanto, el Ayuntamiento insiste en presentar la medida como una oportunidad para modernizar la movilidad urbana. Así lo ha defendido públicamente el propio alcalde en diversas ocasiones. López Estrada defiende la ZBE como una oportunidad.
Para los críticos, sin embargo, la ZBE se ha convertido en el ejemplo más visible de una política municipal que consideran excesivamente intervencionista y desconectada de la realidad económica del centro urbano.
«No sentimos que nos estén ayudando», resume Antonio.
«Sentimos que nos están vigilando».
Sea cual sea el desenlace de los procedimientos administrativos y judiciales todavía abiertos, una conclusión parece evidente: una parte significativa de la ciudad sigue sin sentirse escuchada.
Y cuando vecinos, comerciantes y trabajadores empiezan a percibir que las decisiones se toman sin contar con ellos, el problema deja de ser únicamente una cuestión de tráfico o movilidad.
Se convierte en un problema de confianza.
