Lo que acaba de pasar con las ZBE puede convertirse en un problema para López Estrada
La Zona de Bajas Emisiones de Torrelavega vuelve al centro del debate. Y esta vez no por una protesta más, ni por una queja aislada, sino por el precedente abierto por el Tribunal Supremo tras tumbar el recurso del Ayuntamiento de Madrid en relación con su ZBE, cuestionada por la insuficiencia del informe de impacto económico.
Ese fallo ha dado aire a la plataforma Salvar Torrelavega de una ZBE ruinosa, que mantiene vivo el pulso contra la ordenanza municipal y que ya anunció su intención de llevar el caso de Torrelavega al Supremo, después de que el TSJC avalara la norma local. La batalla judicial de la ZBE de Torrelavega sigue abierta.
Una medida con responsable político
Aquí conviene dejar las cosas claras: el responsable político de este atropello urbano tiene nombre y apellidos: Javier López Estrada. El alcalde de Torrelavega, al frente de un Ayuntamiento sostenido por el pacto PRC-PSOE, ha permitido que una medida pensada para grandes ciudades termine convertida en un problema añadido para vecinos, comerciantes, hosteleros, trabajadores y profesionales.
La ZBE no ha nacido de una demanda social evidente en Torrelavega. No responde a un clamor vecinal. No ha llegado acompañada de una alternativa de movilidad potente, ni de aparcamientos disuasorios suficientes, ni de una transformación real del transporte urbano. Ha llegado, sencillamente, como llegan demasiadas decisiones municipales en esta ciudad: desde arriba, tarde, mal explicada y con olor a sanción.
Madrid abre una vía que Torrelavega no puede ignorar
El Supremo ha dejado claro que una ZBE no puede levantarse sobre informes débiles ni sin medir con rigor las consecuencias económicas de las restricciones. Y eso afecta de lleno al debate local. Porque si algo han denunciado durante meses los críticos con la ZBE de Torrelavega es precisamente eso: falta de proporcionalidad, falta de escucha y falta de un análisis real del daño económico.
No es casualidad que el movimiento ciudadano haya visto en este fallo una oportunidad. La propia plataforma ya había advertido de que la ZBE torrelaveguense podía acabar teniendo recorrido judicial si no se corregían sus bases. El precedente del Supremo cuestiona también el modelo aplicado en Torrelavega.
Una ciudad castigada por la política del experimento
Torrelavega no es Madrid. No es Barcelona. No es una gran capital colapsada por millones de desplazamientos diarios. Es una ciudad comercial, industrial y de servicios que necesita facilitar el acceso al centro, no convertirlo en una carrera de obstáculos.
Mientras el comercio local pelea por sobrevivir, mientras el centro urbano pierde pulso y mientras muchos vecinos siguen dependiendo del coche para trabajar, comprar o acudir a servicios básicos, el Ayuntamiento ha preferido levantar una barrera administrativa que amenaza con vaciar todavía más las calles.
Y cuando una medida castiga antes de convencer, cuando recauda antes de ofrecer alternativas y cuando genera rechazo antes que consenso, el problema no es solo técnico. El problema es político.
El PRC-PSOE convirtió la sostenibilidad en excusa
La sostenibilidad no puede ser una coartada para imponer multas. Ni una etiqueta moderna para justificar restricciones que golpean siempre a los mismos: quienes no pueden cambiar de coche, quienes viven fuera del centro, quienes trabajan a turnos, quienes sostienen pequeños negocios y quienes no tienen una alternativa real de transporte.
Torrelavega necesitaba una estrategia seria de movilidad. Lo que ha recibido es una ZBE discutida, contestada y judicializada. Y por eso el foco político apunta directamente al equipo de gobierno municipal.
Javier López Estrada y el pacto PRC-PSOE son los responsables de haber metido a Torrelavega en este laberinto. No Bruselas. No Madrid. No una abstracción climática. El responsable es quien decide cómo aplicar una norma, con qué informes, con qué sensibilidad social y con qué impacto sobre la ciudad.
Torrelavega merece una rectificación
El Ayuntamiento aún está a tiempo de hacer algo que rara vez hace: escuchar. Revisar la ordenanza, medir de verdad sus efectos, abrir el debate con comerciantes y vecinos, y dejar de tratar a los ciudadanos como sospechosos permanentes a los que solo se mira cuando hay que sancionar.
Porque la ZBE de Torrelavega no es solo una norma de tráfico. Es el símbolo de una forma de gobernar: imponer primero, explicar después y culpar a otros cuando vienen los problemas.
Y esta vez no cuela.
La ZBE tiene culpable político. Y se llama Javier López Estrada.
