El Pleno de Torrelavega ha aprobado este martes la expropiación de tres fincas ubicadas en Torres, entre los ríos Saja y Besaya, y calificadas como sistema general, tras una demanda presentada por uno de los propietarios exigiendo este trámite.

La expropiación ha salido adelante en el primer Pleno municipal del año únicamente con los votos a favor de los partidos del equipo de Gobierno, PRC y PSOE, ya que el resto de grupos ha aludido a "falta de información" y "oscurantismo" y ha cuestionado que se adquieran unas parcelas afectadas por el río, la vía de tren y la autovía.

Regionalistas y socialistas han reconocido que estas fincas privadas, que se completan con otras dos colindantes, una municipal y otra de la Confederación Hidrográfica, tienen "condicionantes importantes" y "no son interesantes para el Ayuntamiento" de cara a desarrollar posibles proyectos, pero uno de los propietarios ha reclamado para que se cumpla lo previsto en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1985 que las califica como sistema general y "tenemos que dar respuesta".

"El derecho de los propietarios está por encima. Les ampara la ley", ha sentenciado el concejal de Hacienda y portavoz regionalista, Pedro Pérez Noriega, tras explicar que ese espacio esta contemplado como sistema general y eso da derecho a los dueños a exigir la expropiación.

Por ello, y dado que creen que si la decisión se deja en manos de los tribunales el Ayuntamiento perderá la sentencia "con total seguridad", han aprobado la expropiación para tratar de llegar a un justiprecio -ha dicho que se han tasado en seis euros por metro cuadrado- y "adelantarse", evitando una posible condena "innecesaria" y las costas judiciales.

Sin embargo, la oposición -PP, ACPT, Ciudadanos (Cs) y Torrelavega Sí- ha abogado por acudir a los tribunales y dejar que sean los jueces los que decidan si la ley respalda a los propietarios que han demandado la expropiación, y han insistido en conocer qué se pretende hacer en esos terrenos, ya que inicialmente se habló de un parque fluvial pero ven difícil poder actuar, al menos no sin abordar primero una "maraña burocrática".

En este sentido, el portavoz del PSOE y concejal de Medio Ambiente, José Luis Urraca, ha aclarado que "ahora mismo no nos ocupa lo que se va a hacer ahí, nos ocupa la ley".

Tanto Urraca como Pérez Noriega han señalado que los informes de los técnicos y del secretario municipal avalan la necesidad de cumplir lo dispuesto por PGOU vigente, que data de 1985, y que se trata de un caso contemplado en la Ley del Suelo.

Y dado que varios concejales han apuntado que el equipo de Gobierno tiene "algún interés" con la adquisición o que quiere favorecer al propietario que ha hecho la reclamación, regionalistas y socialistas han asegurado que solo quieren evitar "ir a un juicio que vamos a perder". "Ahora mismo no llevar a cabo la expropiación lo único que va a ser es más coste", han insistido.

De hecho, el expediente para expropiar las fincas se dictaminó en Comisión de Hacienda en junio de 2021 pero no llegó a llevarse al Pleno para su ratificación, dejando de lado la compra de las fincas hasta ahora, cuando ha llegado la demanda.

Sin embargo, las explicaciones no han convencido a la oposición.
"Me da que pensar", ha dicho el concejal de Cs, Julio Ricciardiello; a lo que el de ACPT, Iván Martínez, ha añadido que quien ha interpuesto la demanda es la familia de un constructor torrelaveguense, al que cree que el PRC quiere "favorecer", y por ello ha acusado también a PSOE de haberse convertido en la "muleta" de su socio de gobierno.