El pleno de Torrelavega, tras un intenso debate sobre la contaminación y los efectos económicos que tendrá, ha rechazado paralizar la implantación de una zona de bajas emisiones (ZBE) como pedía Vox, porque considera "imprudente" y "enloquecido" el proyecto del equipo de gobierno.

El equipo de gobierno PRC-PSOE ha unido sus votos a IU Podemos y a Torrelavega Sí para tumbar los argumentos defendidos por Roberto García Corona (Vox), quien considera que se pretende poner en marcha "a ciegas" una zona de bajas emisiones "que llena de incertidumbres" a los vecinos.

También considera que supondrá "un importante perjuicio social" y "un golpe a la actividad comercial y económica", ya que actuará "como barrera" para la llegada de posibles clientes a la ciudad, lo que provocará su fuga hacia otros municipios y "lastrará" de manera importante al sector comercial.

A su vez, Miguel Remón (PP) ha acusado a PRC-PSOE de "correr mucho" en la implantación de esta zona, ya que sin haberse aprobado la delimitación ya se están licitado los elementos de control, además de no tener en cuenta el posible afecto del soterramiento en la mejora de la calidad ambiental.

Ha instado al equipo de gobierno PRC-PSOE a "seguir el modelo" de Pontevedra para solicitar la exención a la implantación de la zona dada la buena calidad del aire y, si se niega, pedir una prorroga de los plazos para poder mejorar el transporte público y construir aparcamientos alternativos.

Para Remón, la ZBE y una ordenanza poco flexible "puede ser la puntilla" para el comercio de Torrelavega, y ha pedido al equipo de gobierno "valentía" para explorar vías alternativas a la implantación de altas restricciones al tráfico.

Por contra, la concejal de Movilidad, Jezabel Tazón (PRC), ha insistido en la obligación legal de poner en marcha la zona de bajas emisiones y ha alertado del peligro de perder 3,5 millones de euros de fondos europeos recibidos para distintos proyectos si no se aplican estas restricciones.

También ha resaltado que la futura zona de bajas emisiones propuesta por el Ayuntamiento "es la mínima" para cumplir la ley, y que la ordenanza regulará cómo se podrá realizar el acceso de los vehículos al área.

Patricia Portilla (PSOE) ha justificado el voto en contra porque la puesta en marcha de las zonas de bajas emisiones "es una obligación legal" que el Ayuntamiento no puede soslayar, y ha acusado a Vox de intentar "hacer confundir" a los ciudadanos y de propalar "un miedo al futuro injustificado".

A su juicio, la futura ordenanza será el marco para regular los usos de la zona de bajas emisiones que, ha indicado, podría mejorar los flujos ciudadanos "hasta en un 14 %" en el centro de la ciudad.

Borja Peláez (IU Podemos) ha aludido al alto nivel de contaminación y ruidos que padece la ciudad, en especial debido al tráfico, y de ahí la necesidad de aplicar restricciones a la circulación de vehículos, a fin de que la ciudad se alinee con el esto de municipio comprometidos con la mejor del medio ambiente.

Otros acuerdos

Así mismo, con el voto en contra de todos los grupos salvo el proponente, el pleno ha rechazado una moción de IU Podemos relativa a la creación de una objetoteca para intercambio de herramientas entre los vecinos, al entender que este servicio ya está cubierto por diversas entidades existente en la ciudad.

También se ha dado el visto bueno a una segunda propuesta de la formación para que se redacte una ordenanza reguladora de las viviendas de uso turístico en la ciudad.

El pleno ha aprobado una propuesta política del PP en la que la Corporación se manifiesta en contra de la tramitación de una posible Ley de Amnistía, apoyada por PRC y Vox, y rechazada por PSOE, Torrelavega Sí e IU Podemos.

Además la sesión ha servido para conceder una subvención directa a la asociación intercultural Arate Caló por importe de 18.000 euros para fomentar la atención a personas en riesgo de exclusión social, y otra al colectivo impulso Torrelavega para la organización de la feria del Stock que tuvo lugar en febrero.