Adiós a las ZBE en Francia: ¿y ahora qué hará los socialistas del PRC en Torrelavega?

Mientras tanto, en España, más de 100 ayuntamientos corren contra el reloj para poner en marcha sus respectivas ZBE antes del verano. ¿El motivo? Si no lo hacen, perderán las ayudas al transporte vinculadas a los fondos europeos. Torrelavega es uno de ellos.

¿Obligación europea o decisión política?

Contrario a lo que algunos discursos oficiales han repetido hasta la saciedad, la implantación de una ZBE no es una obligación directa de la Unión Europea. Lo que sí exige Bruselas es mejorar la calidad del aire —con múltiples herramientas posibles—, pero no impone ni fechas ni sistemas concretos como el control por matrículas o cámaras de acceso.

Expertos en derecho ambiental y planificación urbana insisten: «Las ZBE son una opción política, no un mandato europeo». Sin embargo, bajo esa ambigüedad normativa, se están aprobando sanciones, instalando cámaras de control, y ejecutando inversiones millonarias con cargo al presupuesto municipal y a fondos europeos.

El caso de Torrelavega: ¿zona limpia o zona recaudatoria?

La plataforma ciudadana Salvar Torrelavega ZBE denuncia lo que considera un «proyecto ruinoso, arbitrario y recaudatorio». Desde esta asociación han advertido que «más que zona de bajas emisiones, es zona de alta confusión».

Vecinos y comerciantes critican la falta de información, la improvisación en el régimen sancionador y el enorme gasto público en sistemas de vigilancia que, según denuncian, podrían tener que ser desmontados si la normativa cambia.

«Han instalado cámaras, firmado contratos, malgastado subvenciones… y ahora no saben cómo salir del lío. ¿Y si luego tienen que devolver todo lo recaudado en multas?», se pregunta un vecino en redes sociales.

Críticas al modelo: ¿a quién perjudica realmente la ZBE?

Uno de los principales puntos de fricción está en la afectación a los vehículos más antiguos, que en muchas ocasiones pertenecen a familias con menos recursos. Son justamente esos vehículos los que tienen más dificultades para adaptarse al nuevo modelo, siendo sustituidos solo a golpe de subvención —cuando la hay—.

«No todos pueden cambiar de coche, ni todas las ciudades tienen alternativas reales al coche privado», explica un experto en movilidad urbana. La ZBE, sin alternativas de transporte dignas, se convierte en un castigo encubierto.

Subvenciones que pesan más que el aire

El temor creciente entre muchos ayuntamientos es que, si no implantan la ZBE, perderán las ayudas asociadas a los Fondos Next Generation. De ahí que muchos consistorios estén aprobando estas medidas con urgencia, incluso sin planificación previa ni evaluación real del impacto urbano.

El problema, señalan algunos colectivos, es que los ciudadanos no fueron consultados, ni se plantearon otras fórmulas menos agresivas. «Todo se ha hecho a espaldas del vecino», señalan desde la plataforma Salvemos Torrelavega.

¿Y ahora qué? El futuro incierto de las ZBE en España

Tras la decisión de Francia, muchos se preguntan si España seguirá el mismo camino o se aferrará al modelo actual. Lo cierto es que el contexto político y social empieza a cambiar. En varias ciudades ya se están congelando expedientes, suavizando multas o revisando los sistemas de acceso.

En Torrelavega, la presión vecinal no deja de crecer. Y si algo queda claro es que el aire limpio no se consigue multando al ciudadano, sino planificando con cabeza, escuchando a los vecinos y evitando que una buena idea termine convertida en un negocio de cámaras, contratos y recaudación automática.