En un momento crítico de la pandemia de coronavirus, en abril de 2020, el Gobierno de Cantabria, encabezado por el presidente Miguel Ángel Revilla, tomó una decisión que se convirtió en centro de controversia y debate público. La administración anunció la distribución masiva de un tipo de mascarilla de celulosa, apodadas por algunos como "mascarillas-servilleta", en un esfuerzo por combatir el contagio del virus en la comunidad.

La iniciativa, revelada por Revilla en un programa de televisión en La Sexta el sábado previo al 13 de abril de 2020, pretendía ofrecer una medida de protección ante la escasez mundial de mascarillas quirúrgicas homologadas. Sin embargo, la decisión de gastar aproximadamente 150.000 euros en estas mascarillas generó un intenso debate sobre su efectividad y el uso de fondos públicos.

Diseñadas con una doble capa de celulosa, un material ecológico y biodegradable, estas mascarillas se podían ajustar a las orejas con tres incisiones para adaptarse al tamaño de la cara. A pesar de las buenas intenciones, críticos argumentaron que el diseño no ofrecía un ajuste seguro ni una protección adecuada contra el COVID-19.

En su defensa, el presidente Revilla admitió que, aunque "no son una maravilla", estas mascarillas "valían" para la función prevista, dada la situación de emergencia. Este comentario subrayó la complejidad de tomar decisiones en momentos de incertidumbre y desabastecimiento global.

La distribución se llevó a cabo en colaboración con Correos y coordinada con los ayuntamientos, apuntando a una distribución equitativa en municipios con distintos niveles de incidencia de la epidemia. Cada hogar cántabro estaba destinado a recibir un paquete con cinco mascarillas, sumando un total de 1.200.000 unidades distribuidas.

La composición de estas mascarillas, defendida por el Ejecutivo cántabro como "óptima", se convirtió en el centro de un intenso debate. La comunidad expresó su descontento y dudas a través de redes sociales, donde no tardaron en surgir comparaciones de las mascarillas con papel higiénico o servilletas de bar, acuñando incluso el término "Revilletas".

La indignación popular se tradujo en una serie de comentarios y memes que cuestionaban no solo la protección ofrecida por estas mascarillas sino también la gestión de la crisis sanitaria por parte del gobierno regional. Algunos ciudadanos tildaron la medida de "bochornosa", poniendo en tela de juicio la capacidad de las autoridades para proporcionar soluciones adecuadas y seguras en momentos de necesidad.

Frente a la creciente ola de críticas, Miguel Ángel Revilla intentó apaciguar los ánimos publicando una fotografía en la que aparecía junto a su familia, utilizando las controvertidas mascarillas durante la celebración del cumpleaños de su hija Lara. Con este gesto, el presidente buscó demostrar la utilidad de las mascarillas, a pesar del escepticismo generalizado.

Mirando hacia atrás, este episodio resalta los desafíos enfrentados por las autoridades durante la pandemia y la importancia de la adaptabilidad, la innovación y el escrutinio público en la gestión de crisis sanitarias.

Hoy celebramos el cumpleaños,en confinamiento, de mi hija Lara, 21 años. Con las polémicas mascarillas que son de enorme utilidad. pic.twitter.com/xUAYEeRlt6

— Miguel Ángel Revilla (@RevillaMiguelA) April 13, 2020

POSIBLES CONSECUENCIAS LEGALES

La distribución de mascarillas por parte del Gobierno de Cantabria, liderado por Miguel Ángel Revilla en 2020, podría enfrentar cuestionamientos legales solo si se demostrara que dichas mascarillas no cumplían con los estándares de salud y seguridad requeridos para su efectividad contra el COVID-19, y si esta acción hubiera causado daños a la salud de los ciudadanos. Aquí hay algunos puntos clave a considerar:

1. Cumplimiento de Normativas: Si las mascarillas distribuidas no cumplían con las especificaciones técnicas y normativas sanitarias establecidas para proteger adecuadamente a la población, podría abrirse un marco para cuestionamientos legales.

2. Daño a la Salud: Para que haya consecuencias penales, se tendría que demostrar que la distribución de estas mascarillas causó un daño directo a la salud de los individuos, ya sea por ser ineficaces en la prevención del virus o por provocar otros problemas de salud.

3. Negligencia o Malversación: Se consideraría la posibilidad de acciones legales si se demostrara que hubo negligencia en la selección y distribución de las mascarillas o si hubo malversación de fondos públicos en su adquisición.

4. Reclamaciones y Denuncias: La existencia de reclamaciones formales por parte de ciudadanos o grupos afectados sería un factor determinante para iniciar investigaciones penales.

5. Transparencia y Responsabilidad: La respuesta del gobierno ante las críticas y su capacidad para demostrar la adecuación y eficacia de las medidas adoptadas también juegan un papel crucial en la evaluación de posibles consecuencias legales.

Es importante notar que, para que estas consideraciones evolucionen hacia acciones penales, se requiere de una investigación formal que examine la legalidad, procedimientos de adquisición, y la efectividad de las mascarillas distribuidas. Las autoridades competentes tendrían que determinar si hubo violación de las leyes y regulaciones vigentes que justifiquen sanciones penales contra los responsables de la decisión y distribución de estas mascarillas.