El Ayuntamiento de Santander ha aclarado que la sentencia conocida ayer del juzgado de lo contencioso número 2 sobre la anterior adjudicataria del servicio de Parques y Jardines, la UTE Jardines Santander, conmina a devolver las cantidades retenidas que se aplicaron a las facturas de los años 2019 a 2021 en base al informe de control financiero de Intervención.

De esta forma, el Consistorio ha precisado que el auto, que no es firme, obliga a devolver esas retenciones que se aplicaron por responsabilidad, fruto de informes del servicio económico municipal que evidenciaban que no se estaba llevando a cabo el cumplimiento estricto del servicio.

El Ayuntamiento debe velar por los intereses económicos de todos los santanderinos y si existe un informe de control financiero con datos objetivos detectados por Intervención tiene la obligación de actuar, ya que se trata de una decisión justificada en un expediente y nunca atendiendo a criterios caprichosos o arbitrarios.

Desde el Consistorio santanderino se mantiene la firmeza en la exigencia del cumplimiento de los contratos que las empresas mantienen con la Administración local para la prestación de los diferentes servicios. Por eso se adoptarán todas aquellas medidas que, de acuerdo a lo que establezcan los diferentes departamentos técnicos municipales, haya que poner en práctica para asegurar la prestación con las máximas garantías y estándares de calidad de los servicios públicos en la ciudad.

Los servicios jurídicos municipales van a analizar exhaustivamente la sentencia, lo que permitirá que en los próximos días el equipo de gobierno realice la pertinente valoración.

No obstante, el Ayuntamiento ha lamentado la postura destructiva de la oposición, que únicamente se limita a criticar toda la gestión municipal sin aportar alternativas, cuando precisamente esta sentencia constata que se ha ejercido con rigor esa tarea de controlar el cumplimiento de los contratos firmados por el Consistorio con empresas externas.

Según el Ayuntamiento, la oposición parece desconocer que existen unos sistemas muy rigurosos del control del gasto municipal y, ante la mínima duda de que un servicio no cumpla con sus obligaciones contractuales y siempre que existan informes técnicos que lo justifiquen adecuadamente, se debe actuar. Según el equipo de gobierno, la oposición quiere otra vez y como ya están acostumbrados, que se adopten acuerdos en contra de lo indicado por los servicios de fiscalización.

La intención del Consistorio ha sido ahorrar a los santanderinos casi 2,3 millones de euros en las deducciones de las facturas, aunque, si el juzgado considera que no eran correctas, se procederá a su devolución tras el análisis de la sentencia por parte de los servicios jurídicos y en el caso de que no se considere recurrir al Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.