Cuando eres de izquierdas y el problema de la vivienda lleva ocho años gobernando España
Cientos de personas se manifestaron este sábado en Santander bajo el lema «Una Cantabria para vivir». Una protesta legítima. Una preocupación real. Un problema evidente. Porque acceder a una vivienda asequible se ha convertido en una misión casi imposible para miles de jóvenes, familias y trabajadores de Cantabria.
Hasta ahí, pocas dudas.
Lo curioso llega cuando uno escucha algunos discursos, algunas pancartas y determinadas consignas. Porque da la sensación de que una parte de los manifestantes vive instalada en una extraña realidad paralela donde nadie gobierna España desde hace años o donde las políticas de vivienda las decide exclusivamente el alcalde de turno, el promotor inmobiliario o el propietario de un piso.
Conviene recordar un pequeño detalle que a veces parece olvidarse: España lleva más de ocho años gobernada por la izquierda. Más de ocho años. Tiempo suficiente para diagnosticar el problema, redactar informes, crear observatorios, aprobar leyes, anunciar planes estratégicos, convocar mesas de diálogo y presentar soluciones que, a la vista de los resultados, no han logrado resolver una crisis que sigue agravándose.
Y, sin embargo, la vivienda nunca ha estado tan cara.
Los precios del alquiler continúan marcando máximos históricos, como reflejan los datos recogidos en informaciones recientes sobre cómo el alquiler se dispara en Cantabria. Del mismo modo, el precio de la vivienda sigue alejándose de la capacidad económica de miles de ciudadanos.
Las consecuencias son visibles. Los jóvenes cántabros retrasan su emancipación, numerosas familias destinan una parte cada vez mayor de sus ingresos a pagar un techo y el acceso a un hogar digno se convierte en un reto creciente para amplias capas de la sociedad.
Resulta llamativo que muchos de los colectivos que salen a la calle para denunciar esta realidad señalen a todo el mundo menos a quienes llevan años gestionando las principales herramientas legislativas y económicas del país. Como si el Gobierno central, presidido por Pedro Sánchez, fuera un mero espectador de lo que ocurre en el mercado inmobiliario.
La Ley de Vivienda fue presentada como una de las grandes respuestas al problema. Sin embargo, el debate sigue abierto y los resultados distan mucho de haber generado consenso. Mientras tanto, la escasez de oferta continúa agravando la situación.
La falta de vivienda protegida sigue siendo uno de los principales problemas señalados por expertos y administraciones, tal y como recoge el análisis sobre cómo la escasez de vivienda protegida agrava el acceso a la vivienda. Una situación que también alimenta el debate político regional sobre la necesidad de impulsar nueva construcción pública.
Además, el crecimiento de las viviendas turísticas ha añadido presión al mercado residencial. El fenómeno es especialmente visible en determinadas zonas de la costa cántabra, donde el auge de este tipo de alojamientos ha reducido la oferta disponible para residentes, como se refleja en el análisis sobre el impacto de las viviendas turísticas en el alquiler residencial.
Mientras tanto, el mercado inmobiliario sigue presionando a las familias de rentas medias, especialmente en municipios con alta demanda y limitada disponibilidad de suelo o vivienda asequible.
La paradoja resulta evidente. Muchos de los que hoy protestan exigiendo soluciones comparten una visión política cercana a quienes llevan años ocupando el Gobierno de España. Y, sin embargo, las manifestaciones parecen dirigirse siempre hacia otros responsables, como si ocho años fueran insuficientes para asumir alguna cuota de responsabilidad en la situación actual.
Por supuesto, los ayuntamientos tienen competencias. También las comunidades autónomas. De hecho, en Santander se están buscando alternativas para contener la escalada de precios, tal y como recoge la información sobre cómo Santander busca soluciones para frenar el precio de la vivienda. Pero negar el peso de las políticas nacionales en una crisis de esta magnitud resulta difícil de sostener.
La construcción de nueva vivienda pública, la agilización urbanística, el impulso de la oferta y la revisión de determinadas medidas regulatorias forman parte de un debate complejo que sigue abierto. Un debate que también ocupa buena parte de la actualidad regional, como demuestra la discusión sobre la construcción de vivienda pública en Cantabria.
Lo más sorprendente no es que haya manifestaciones. Lo sorprendente sería que no las hubiera. Lo verdaderamente llamativo es observar cómo algunos siguen protestando contra las consecuencias sin detenerse a analizar quién ha tenido durante casi una década la capacidad de cambiar las cosas.
La vivienda merece un debate serio. Sin eslóganes fáciles. Sin amnesia selectiva. Sin culpables únicos.
Porque cuando llevas más de ocho años gobernando España, llega un momento en el que ya no puedes seguir actuando como si todavía estuvieras en la oposición.
