El Ayuntamiento aprueba el ‘tasazo’ de Sánchez a las basuras: 27 euros más al año
La tasa de residuos entrará en vigor en 2026 y diferencia entre usos residenciales y económicos | Incluye bonificaciones, pero la oposición cuestiona su equidad y la distribución del coste
El Pleno del Ayuntamiento de Santander ha dado este jueves un paso decisivo al aprobar inicialmente, con el único respaldo del Partido Popular, la nueva ordenanza fiscal que regulará el servicio de gestión de residuos sólidos urbanos en el municipio. Conocida popularmente como el ‘tasazo’ de basuras, la medida, que ahora inicia su periodo de exposición pública, contempla una subida media de 27,62 euros anuales en la factura de las familias a partir de 2026, según los cálculos del equipo de Gobierno. La ordenanza fue respaldada únicamente por el PP, mientras que PSOE e Izquierda Unida optaron por la abstención, y PRC y Vox votaron en contra.
El nuevo marco normativo responde, tal como explicó la concejala de Medio Ambiente, Margarita Rojo, a la obligación establecida en la Ley estatal 7/2022, sobre residuos y suelos contaminados para una economía circular, que exige a los municipios cubrir íntegramente los costes de recogida y tratamiento de residuos.
La ordenanza establece una diferenciación entre usos residenciales y no residenciales, aplicando tarifas progresivas según el número de personas empadronadas en los hogares o la actividad económica y superficie de los inmuebles, en el caso de negocios. Además, incorpora bonificaciones para ciudadanos en situación de vulnerabilidad o que desarrollen prácticas sostenibles.
Durante el debate plenario, se reveló que se presentaron un total de 37 enmiendas al texto: 6 del PSOE, 12 de Vox, 10 del PRC y 9 del Grupo Mixto. Sin embargo, solo dos fueron aceptadas, ambas de Vox. Margarita Rojo justificó el rechazo de la mayoría alegando que muchas ya estaban recogidas en el articulado o no se ajustaban al estudio técnico encargado a la Universidad de Cantabria, cuyo informe sirvió de base para el diseño de la tasa.
Rojo subrayó que la creación de la tasa no responde a una decisión política voluntaria, sino a una obligación legal derivada de la normativa estatal. “La imposición de esta tasa no es una decisión voluntaria”, insistió, aclarando que el coste medio del servicio por vivienda ascenderá de los 101,86 euros actuales a 129,54 euros anuales en 2026, lo que representa el citado incremento de 27,62 euros.
Reconoció que se trata de un esfuerzo económico para los ciudadanos, pero defendió que el modelo es “justo” y susceptible de revisión futura. Además, recordó que la ciudad está próxima a contratar un nuevo servicio de limpieza viaria que incluirá mejoras en el reciclaje, en línea con un sistema más eficiente y “una tasa lo más justa posible”.
Desde la bancada socialista, Paz de la Cuesta manifestó sus reservas con la ordenanza. Aunque su grupo decidió abstenerse para no bloquear la aplicación de la ley estatal, criticó que el nuevo sistema “no respeta el principio de ‘quien contamina paga’” y consideró que la distribución del coste entre los distintos generadores de residuos “no es equitativa”. También cuestionó la base técnica de la tasa y lamentó el carácter marcadamente recaudatorio que, a su juicio, transmite la medida. No obstante, reiteró que el PSOE no quiere obstaculizar los procesos de modernización en la gestión de residuos, aunque considera que el texto aprobado es “muy mejorable”.
Por parte del PRC, el portavoz Felipe Piña lamentó que no se haya aceptado ninguna de las propuestas presentadas por su grupo, que consideró “razonables”. A su juicio, entre las distintas opciones evaluadas por la Universidad de Cantabria, se optó por la que “más perjudica a los bolsillos de los santanderinos” por ser la “más cómoda”, pero no necesariamente la más justa ni equilibrada.
La aprobación inicial de esta ordenanza marca un punto de inflexión en la gestión de los residuos en Santander y abre ahora una etapa de participación ciudadana. El texto será publicado en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), momento en el que se activará el periodo de alegaciones y sugerencias por parte de la ciudadanía y entidades interesadas. Solo entonces se determinará si el documento sufre modificaciones antes de su aprobación definitiva. Para el equipo de Gobierno se trata de un imperativo legal; para la oposición, de una norma mal planteada que exige una revisión profunda.
