En una sentencia  fechada el 7 de enero y dada a conocer este martes por el Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana CESM-CV, quien interpuso la demanda junto a varios de sus afiliados, el magistrado estima parcialmente las pretensiones de los demandantes, que alegaban que la administración incumplió sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales durante el estado de alarma declarado por real decreto de 14 de marzo "con grave riesgo para la seguridad y la salud del personal sanitario".

El juez señala, en primer lugar, que, a pesar de que las administraciones autonómicas estaban bajo la supervisión de los órganos de gobierno centrales, la gestión sanitaria seguía siendo de su competencia y solo la Conselleria de Sanidad, "como empleadora y deudora de seguridad, era la responsable del cumplimiento del marco normativo de prevención de riesgos laborales para con sus empleados sanitarios".

La sentencia también pone en negro sobre blanco la dramática situación a la que se enfrentaron 154 médicos alicantinos, pero también de toda la Comunitat Valenciana, en esos primeros y oscuros días del confinamiento. «El personal solo dispuso de una mascarilla por semana para la prestación de sus servicios en los respectivos centros sanitarios de Alicante, incluida la atención de pacientes infectados por coronavirus, ya que las mascarillas de que se disponían estaban guardadas bajo llave por los responsables del respectivo centro», considera probado la sentencia. «El hecho de que fuera necesario guardar bajo llave las mascarillas disponibles es prueba de que no se había hecho acopio suficiente de las mismas y de que las mascarillas que se habían adquirido con antelación al estado de alarma o durante el mismo no fueron las suficientes para salvaguardar la salud y seguridad en los puestos de trabajo», asegura el fallo.

Los médicos, siempre según la sentencia, «se vieron en la necesidad de reutilizar batas desechables, las cuales se enviaban a esterilización para su reutilización en la prestación de sus servicios, incluida la atención de pacientes infectados por coronavirus». «No se les facilitó gorros sanitarios, ya que se estimó que no eran necesarios, al igual que las pantallas. A partir del mes de junio de 2020 fue cuando empezaron a tener mayor abastecimiento», admite el fallo.