Junts per Catalunya y su líder, Carles Puigdemont, han planteado una controvertida propuesta que busca otorgar a la Generalitat de Cataluña la capacidad de expulsar a inmigrantes en situación irregular que sean reincidentes en la comisión de delitos. Este inusual enfoque en materia migratoria ha generado un intenso debate político y social, con acusaciones de abrazar discursos de la extrema derecha.

La decisión de Junts de respaldar esta propuesta en el Congreso de los Diputados ha sorprendido a muchos, ya que anteriormente se habían mostrado reacios a ceder en otros asuntos legislativos. Según Jordi Turull, secretario general de Junts per Catalunya, esta decisión se tomó debido a lo que él considera concesiones del PSOE en la votación de tres decretos leyes en el Congreso.

Uno de los aspectos más significativos de este acuerdo entre Junts y el PSOE es la eliminación de un artículo que JxCat consideraba amenazante para una futura ley de amnistía, específicamente el artículo 43 bis sobre cuestiones prejudiciales en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Sin embargo, el tema central y más polémico del acuerdo se centra en la gestión integral de la inmigración.

La Generalitat de Cataluña obtendrá nuevas competencias en materia de documentación, permisos de residencia y flujos migratorios. Sin embargo, la extensión exacta de estas atribuciones se aclarará mediante una ley orgánica respaldada por el artículo 150.2 de la Constitución. Esto plantea preguntas sobre el alcance real de la autonomía que se otorgará a Cataluña en asuntos migratorios.

La propuesta que ha generado más controversia es la posibilidad de que el Gobierno autonómico de Cataluña tenga la capacidad de decidir la expulsión de inmigrantes en situación irregular que hayan cometido delitos de manera reiterada. Esta medida ha sido respaldada previamente por algunos alcaldes de Junts, como el alcalde de Calella, Marc Buch, quien afirmó que los inmigrantes que no se integren y trabajen como la mayoría de la población no tienen cabida en la región. Además, el uso del catalán será fundamental en las políticas migratorias que se implementen después de la delegación de competencias. La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, destacó la importancia de que el idioma sea un elemento de integración para los recién llegados a Cataluña. Esto plantea preguntas sobre cómo se promoverá y aplicará el uso del catalán en el contexto de la inmigración.

La respuesta de Esquerra Republicana (ERC), el partido que actualmente gobierna la Generalitat, ha sido cautelosa y enfocada en la necesidad de evaluar los detalles del acuerdo antes de juzgar su impacto. La portavoz adjunta de ERC en el Congreso, Teresa Jordà, subrayó la importancia de los acuerdos que se traducen en realidad y no solo en titulares. El presidente de ERC, Oriol Junqueras, también se manifestó en contra de la propuesta, calificándola de abrazar discursos de extrema derecha que ponen en riesgo la cohesión social.

Este acuerdo entre Junts y el PSOE en el Congreso ha suscitado una serie de interrogantes sobre las implicaciones legales, políticas y sociales de otorgar a una región española la capacidad de tomar decisiones migratorias, incluida la expulsión de inmigrantes. Además, la propuesta plantea cuestiones relacionadas con los derechos humanos, la cohesión social y la diversidad cultural en Cataluña.

En medio de este debate, queda por verse cómo se desarrollarán las políticas migratorias en Cataluña una vez que se haya concretado la transferencia de competencias y se haya aprobado la legislación correspondiente. La polémica en torno a esta propuesta continuará siendo un tema importante en el panorama político español y catalán en los próximos meses.