El presidente interino del Tribunal Supremo, Francisco Marín Castán, y su homólogo en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, emitieron sendos comunicados condenando enérgicamente la intervención de la portavoz del grupo parlamentario Junts per Catalunya, Míriam Nogueras, en el Congreso de los Diputados. Ambos líderes judiciales consideraron que el ataque personal dirigido a magistrados del Tribunal Supremo carece de precedentes y representa una clara violación de los requisitos mínimos de la separación de poderes en un Estado de Derecho.

En una acción que refleja la gravedad de la situación, el presidente del Alto Tribunal, Francisco Marín Castán, tomó la decisión de suspender la reunión institucional previamente programada con el nuevo ministro de Justicia, Félix Bolaños, que estaba agendada para este mismo miércoles a las 12:30 horas.

Esta determinación fue adoptada después de que desde Junts per Catalunya señalaran en el Congreso a varios jueces del Supremo, entre ellos el instructor del procés, Pablo Llarena, el presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, y el ex presidente Carlos Lesmes, acusándolos de complicidad en la politización de la policía y la Justicia española.

La diputada y portavoz de Junts per Catalunya, Míriam Nogueras, expresó públicamente que estos jueces eran "personajes oscuros" y "cómplices de la politización de la policía y la Justicia española", tildándolos de "personajes indecentes que en un país normal serían cesados y juzgados de inmediato".

En respuesta a esta situación, el presidente del CGPJ, Vicente Guilarte, emitió un comunicado rechazando rotundamente el señalamiento de varios magistrados del Tribunal Supremo. Aseguró la más firme oposición a estos ataques y expresó su apoyo explícito a los jueces afectados, garantizando que, en el ejercicio de las competencias que la ley otorga al CGPJ, se tomarán todas las medidas necesarias previstas por el ordenamiento jurídico para proteger su independencia.

Guilarte destacó la inadmisibilidad de tales acciones en un Estado de Derecho, fundamentado en el principio de separación de poderes. Estas dimisiones se suman a la del exsecretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid Jesús Santos, quien abandonó la formación la semana pasada por "enormes discrepancias" con la dirección actual.