Carles Puigdemont y los líderes de Junts expresan preocupaciones sobre un supuesto acuerdo entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el Partido Popular (PP) de Alberto Núñez Feijóo. Temen que este acuerdo esté vinculado a un real decreto, aprobado el 19 de diciembre, cuyos detalles podrían poner en peligro la aplicación de la amnistía. Desde el entorno del expresidente de la Generalitat, aseguran que el PSOE no ha contactado ni con su formación, ni con ERC o Bildu, para la convalidación de dicho real decreto relacionado con el servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo.

Miriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso, considera que esta sería la primera ley de justicia de la legislatura que amenazaría la aplicación de la amnistía. Anunció que su grupo votará en contra del texto aprobado por el Consejo de Ministros la semana pasada. Otras fuentes de Junts señalan que, en el apartado sobre cuestiones prejudiciales, el real decreto podría suspender cautelarmente la aplicación de la amnistía durante años en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

El partido de Puigdemont sostiene que la "trampa" radica en la letra pequeña del real decreto, que según el Gobierno busca facilitar el acceso electrónico a la Justicia. Se centran en el apartado 2 del artículo 43 bis), el cual establece que procedimientos a los que se aplicará la ley de amnistía se suspenderán cautelarmente si el Tribunal Supremo o cualquier otro juez remite una cuestión prejudicial al TJUE. Afirman que esto afectaría, entre otros, al propio Puigdemont, a pesar de que no ha sido juzgado por el procés y sus presuntos delitos quedarían amnistiados.

Junts sospecha que el Gobierno está negociando la aprobación del real decreto con el PP, aunque desde la formación de Feijóo aseguran que el PSOE no se ha comunicado con ellos para obtener apoyo. Consideran que serán los socios de Sánchez quienes permitan su aprobación por minoría simple en el Congreso antes del 20 de enero.

El PP considera que la inclusión del artículo que preocupa a Junts en el real decreto es un primer ejemplo del "chantaje" que podría enfrentar Sánchez durante la legislatura. Aunque las fuentes parlamentarias populares descartan que el Ejecutivo haya introducido el artículo con la intención de perjudicar a sus socios, consideran que la negativa de Junts es una muestra del "chantaje" que puede surgir.

En principio, el PP descarta aprobar el real decreto, considerándolo una "burla" y un "abuso", especialmente al tratarse de un conflicto laboral no resuelto entre el Ministerio de Justicia y los sindicatos. Las fuentes de Junts destacan que el Ejecutivo no ha negociado la letra pequeña del decreto con su formación ni con ERC o Bildu. Por tanto, anunciaron que votarán en contra, subrayando que ya comunicaron al PSOE su oposición a los reales decretos. Nogueras destaca que el artículo 43bis "pondría en riesgo" la amnistía y critica que el contenido no respeta competencias de Cataluña, además de considerar que dificulta el posicionamiento político.

El real decreto, aprobado el 19 de diciembre, busca la transformación digital y procesal de la Administración de Justicia. Félix Bolaños, ministro de Justicia, lo calificó como el "mayor avance en transformación digital de la historia de la Justicia". El plazo para convalidar el texto es el 20 de enero.