El Gobierno español ha logrado la aprobación del decreto ómnibus de reforma judicial, crucial para desbloquear 10.000 millones de euros de fondos europeos. La votación resultó ajustada, con 172 votos a favor y 171 en contra, después de que Junts decidiera no participar en la votación. Este inesperado giro permitió que el decreto siguiera adelante, asegurando así la continuidad de medidas que afectan a la vida cotidiana de los ciudadanos.

El decreto de medidas contra la crisis, que incluye disposiciones sobre el IVA de alimentos, energía y ayudas al transporte, generó un empate a 171 votos, lo que llevará a una nueva votación. Sin embargo, el decreto que regulaba la reforma de los subsidios de desempleo ha sido rechazado, obteniendo 167 votos a favor y 176 en contra, incluyendo los votos en contra de los cinco diputados de Podemos.

Durante el debate, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, instó a los legisladores a considerar el impacto de sus votos en la vida de los ciudadanos. Afirmó que el rechazo a estos decretos tendría consecuencias negativas para la sociedad, suspendiendo medidas ya en aplicación, como la regulación del IVA y las ayudas al transporte.

El voto de Junts, que decidió no participar en la votación, ha añadido incertidumbre al panorama político, ya que su respaldo era considerado esencial para el Gobierno. La formación catalana liderada por Carles Puigdemont ha expresado su intención de rechazar los decretos, exigiendo modificaciones y consensos en las propuestas gubernamentales.

La situación ha puesto de manifiesto la fragilidad de las mayorías de apoyo al Gobierno y la complejidad de mantener la estabilidad parlamentaria en un contexto político donde cada voto cuenta. La incertidumbre persiste sobre el rumbo de futuras negociaciones y posibles ajustes en los decretos para asegurar el respaldo necesario.