En el hemiciclo del Congreso, en una solemne jornada que precede al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se congregaron los representantes del pueblo español en un acto de profundo simbolismo y compromiso. Bajo la imponente bóveda del Salón de Pasos Perdidos, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, pronunció un discurso que resonó con las aspiraciones de igualdad y justicia que son el pilar fundamental de nuestra democracia.

Sin embargo, en medio de la unidad aparente, las grietas en el compromiso con la erradicación de la violencia contra la mujer se hicieron evidentes. Tras una pancarta que clamaba "El Congreso, por la eliminación de la violencia contra las mujeres", se encontraban miembros de diferentes partidos políticos. Entre ellos, el Grupo Parlamentario VOX asumía plenamente el mensaje de la pancarta, pero sus palabras chocaban con una realidad innegable.

En este punto, el partido de VOX señalaba con firmeza a los miembros del Gobierno, en particular al PSOE y Sumar, por su papel en la aprobación y mantenimiento de una ley que, según VOX, había beneficiado a más de un millar de agresores sexuales. Argumentaban que este mismo Gobierno había establecido una distinción entre víctimas de primera y de segunda, basada en la nacionalidad del agresor, y que había cedido ante una llegada masiva e ilegal de inmigrantes provenientes de países que no respetan los derechos de la mujer. Además, VOX sostenía que España había caído en picado en el ranking de mejores países para las mujeres durante el mandato de este Gobierno.

El partido enfatizaba que, en lugar de promover la igualdad y la protección de las mujeres, el Gobierno había destinado recursos considerables a fomentar la división y el odio entre los sexos. Esta acusación se basaba en la creencia de que el Gobierno había criminalizado de manera preventiva a la mitad de la población mientras dejaba desprotegidas y marginadas a las mujeres a las que afirmaba defender.

VOX, por tanto, optaba por no participar en lo que consideraban una "foto de hipocresía" y, en su lugar, defendía la necesidad de implementar medidas concretas para proteger a las mujeres. Estas medidas incluían asistencia y apoyo a las víctimas de violencia, especialmente a aquellas que sufrían violencia doméstica, así como la identificación y prevención de las causas y perfiles de los agresores. También exigían la identificación de violadores liberados gracias a la "Ley del sí es sí" y la protección de las mujeres en caso de que intentaran trasladarse a otras comunidades.

Además, VOX abogaba por la derogación inmediata de la mencionada ley y su reemplazo por una que imponga penas más severas a los violadores, incluyendo la prisión permanente, así como una revisión de la Ley del menor. También se comprometían a proteger a las menores tuteladas, especialmente en comunidades gobernadas por la izquierda, donde se habían producido casos de explotación.

En última instancia, VOX abogaba por la igualdad en la asistencia y el apoyo a las víctimas, independientemente del sexo del agresor o la agresora, y se comprometía a combatir los mensajes y discursos que promovieran o justificaran la violencia contra la mujer. Asimismo, proponían un estudio en profundidad sobre las agresiones sexuales para identificar las causas y los perfiles de los agresores, y abogaban por la protección de los espacios de intimidad reservados para las mujeres. En todos estos puntos, VOX se erigía como un defensor enérgico de medidas concretas destinadas a la protección y la igualdad de género en España.