Bajo una dinámica que evoca los cambios de régimen modernos en América Latina, caracterizados por golpes suaves y estrategias como el "lawfare", el pacto de investidura entre el PSOE y Junts ha suscitado preocupaciones al aceptar un método "de guerra" no convencional.

Este método implica el uso de una ley de amnistía como una herramienta para alcanzar objetivos políticos, específicamente para "depurar" a jueces incómodos, argumentando que sus decisiones fueron perjudiciales para los intereses separatistas.

La noticia, reveladora de los términos del acuerdo entre los socialistas y Carles Puigdemont para respaldar la investidura de Pedro Sánchez, ha desencadenado una respuesta unánime en el ámbito jurídico.

La comunidad legal denuncia que la inclusión en el pacto de la posibilidad de que el Legislativo y el Ejecutivo modifiquen sentencias judiciales constituye una clara intromisión en la independencia judicial y una violación efectiva de la separación de poderes, pilares fundamentales de un Estado de Derecho.

La noticia contextualiza esta situación al recordar casos similares en América Latina, como en Venezuela, donde el "lawfare" ha resultado en purgas de jueces incómodos para el gobierno de turno.

En el caso de España, se destaca que la importación de este método implica la creación de "comisiones de investigación" conformadas por diputados, al margen del sistema de garantías de una justicia independiente. El propósito sería corregir decisiones judiciales desfavorables a objetivos partidistas y promover reformas legislativas sin pasar por los cauces habituales.

La noticia advierte que la presencia del "lawfare" en el acuerdo abre la puerta al reconocimiento de un perdón de Estado frente a la supuesta 'guerra judicial' contra el proceso independentista catalán.

Este escenario plantea la posibilidad de incluir en una futura ley de amnistía a acusados o condenados, incluso aquellos sin vinculación con los hechos del proceso catalán, lo que podría resultar en la impunidad de casos de corrupción, como los que involucran a figuras destacadas como Marta Rovira y Gonzalo Boye.

Por último, la noticia destaca la preocupación expresada por el Consejo General del Poder Judicial sobre la amnistía, señalando que constituye una grave vulneración de los derechos fundamentales y del sistema de división de poderes establecido en la Constitución española. Los jueces y magistrados alertan sobre la posible nulidad de decisiones judiciales mediante la imposición de una ley de amnistía, subrayando la amenaza que esto representa para el Estado de Derecho.