Ante el creciente fenómeno de la "inquiokupación", donde inquilinos dejan de pagar el alquiler y aprovechan las leyes actuales para permanecer en las viviendas, el Partido Popular (PP) en el Parlamento de Cantabria ha lanzado una ofensiva para ajustar las normativas. En una reciente rueda de prensa, el diputado Rafael de la Gándara anunció que su grupo impulsará una propuesta en el pleno del próximo lunes, buscando que la moratoria de los lanzamientos, instaurada durante la pandemia y extendida mediante decretos sucesivos, se limite únicamente a los grandes tenedores de inmuebles.

De la Gándara criticó la situación actual que, a su juicio, deja a los pequeños propietarios desamparados y favorece prácticas de ocupación ilegal bajo la fachada de acuerdos de arrendamiento. Esta circunstancia, según el parlamentario, no solo ha aumentado los casos de ocupación sino que también ha desincentivado a muchos propietarios a ofrecer sus viviendas en alquiler por temor a no recibir pagos o sufrir daños en sus propiedades.

La propuesta del PP apunta a proteger a aquellos que, con su esfuerzo y ahorros, adquieren inmuebles con el objetivo de garantizar su seguridad económica o complementar sus pensiones, y que actualmente se ven atrapados en situaciones de abuso por parte de los arrendatarios.

De la Gándara enfatizó que el contrato de arrendamiento no debería servir como un escudo legal para quienes, de forma premeditada, optan por no cumplir con sus obligaciones de pago, calificando a estos individuos más como "okupas" que como morosos convencionales.

Asimismo, recordó que el PP ha presentado una proposición de ley en el Congreso para agilizar la expulsión de ocupantes ilegales, proponiendo un plazo de 24 horas para su ejecución.

En respuesta a la creciente preocupación por este tema, Cantabria ha establecido una comisión de coordinación que incluye al Gobierno regional y los ayuntamientos, con el objetivo de crear un mapa de la ocupación por municipios y dimensionar adecuadamente el alcance de este problema.

Con esta iniciativa, el PP busca no solo abordar un tema de justicia para los propietarios afectados, sino también sentar las bases para una solución más equitativa que permita el uso adecuado y justo del parque inmobiliario en Cantabria.