Molleda «es sanchismo en estado puro, hizo de Cartes su cortijo»
El Partido Popular acusa a Molleda de irregularidades urbanísticas en Cartes mientras la CROTU rechaza legalizar obras en suelo rústico vinculadas a su entorno familiar durante su etapa como alcalde
El Partido Popular de Cantabria ha intensificado su ofensiva política contra el dirigente socialista Agustín Molleda tras conocerse la actuación urbanística vinculada a una parcela en suelo protegido en Cartes, un caso que ha cobrado relevancia tras la negativa de la CROTU a legalizar las obras realizadas.
El coordinador general del PP, Juan José Alonso, ha cuestionado duramente la trayectoria del actual secretario de Organización del PSOE cántabro, afirmando que su gestión política está marcada por prácticas que considera irregulares. «Agustín Molleda es sanchismo en estado puro», ha señalado, añadiendo que durante su etapa como alcalde «hizo de Cartes su cortijo».
La polémica se centra en la concesión de dos licencias de obra menor que habrían permitido transformar una cuadra en vivienda dentro de un monte público y suelo no urbanizable, una actuación que ha sido posteriormente analizada por los órganos autonómicos competentes.
En paralelo a las declaraciones políticas, la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU) ha denegado la legalización de estas reformas, concluyendo que la actuación «no tiene encaje en la normativa vigente». La resolución afecta a una parcela de más de 56.000 metros cuadrados situada en San Miguel de Cohicillos (Cartes).
Según el análisis técnico, la transformación del inmueble —originalmente una cuadra-pajar construida en 1924— en vivienda no cumple con la legislación urbanística aplicable, especialmente al encontrarse dentro de un Monte de Utilidad Pública, lo que limita de forma estricta los usos permitidos.
El expediente se inició en 2024 a raíz de una solicitud de legalización presentada por la madre del dirigente socialista, cuando este aún era alcalde del municipio. Sin embargo, informes posteriores, entre ellos uno desfavorable de la Dirección General de Montes y Biodiversidad, han sido determinantes para el rechazo de la petición.
Desde el PP, Alonso ha vinculado este caso a lo que considera una forma de actuar extendida en determinados responsables políticos. «Hay muchas formas de corrupción», ha afirmado, insinuando que Molleda habría utilizado su posición institucional para fines personales.
Además, el dirigente popular ha recordado otros episodios que, según su versión, afectan al dirigente socialista, como la obtención de una plaza de funcionario durante su etapa como alcalde o la adjudicación de otra a un familiar.
Las críticas también se han extendido al secretario general del PSOE en Cantabria, Pedro Casares, a quien Alonso acusa de respaldar a Molleda y promover su ascenso dentro del partido. A su juicio, esta situación evidencia una «falta de control interno» en la organización socialista.
En el plano político, el portavoz popular ha elevado el tono al calificar a Molleda como «cacique» y ha cuestionado el rumbo del PSOE cántabro bajo el liderazgo de Casares, al que ha acusado de generar un escenario «vergonzoso para los cántabros».
Por su parte, la resolución de la CROTU introduce un elemento clave en el debate, al situar el foco en el cumplimiento de la legalidad urbanística en suelo rústico protegido. El organismo autonómico ha tenido en cuenta tanto la normativa regional como las Normas Subsidiarias de Cartes, además del impacto sobre el entorno natural.
El caso añade un nuevo capítulo a la confrontación política en Cantabria, en un contexto marcado por la creciente judicialización y fiscalización de actuaciones urbanísticas en suelo no urbanizable, y con posibles derivadas tanto administrativas como políticas en función de la evolución del expediente.