El Gobierno liderado por Pedro Sánchez se halla nuevamente bajo el escrutinio público debido a su resistencia para abordar la reforma de la Ley de Transparencia, un tema recurrente que ha generado preocupación tanto entre los ciudadanos como entre los organismos encargados de velar por la rendición de cuentas y el acceso a la información pública.

En un informe reciente, se revela que, a pesar de los reiterados llamamientos del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), el Ejecutivo ha optado por postergar la revisión de la legislación vigente en materia de transparencia para el año 2024. Esta decisión refleja una tendencia persistente de evasión de responsabilidades por parte del Gobierno en lo que respecta a la rendición de cuentas y la divulgación de información sobre sus actividades, según publica The Objective.

La falta de voluntad política para abordar este desafío se evidencia en la falta de acción con respecto a un grupo de trabajo establecido a principios de 2022 con el propósito de examinar y proponer modificaciones al marco regulatorio existente. A pesar de las conclusiones alcanzadas por este grupo a finales del mismo año, las reformas necesarias para actualizar la Ley de Transparencia y adaptarla a los estándares nacionales e internacionales aún no se han materializado.

José Luis Rodríguez Álvarez, quien ocupa la presidencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, ha reiterado en múltiples ocasiones la urgencia de modernizar la ley y dotar al consejo de los mecanismos necesarios para imponer sanciones a las instituciones gubernamentales que incumplen las resoluciones judiciales relacionadas con la divulgación de información pública. Sin embargo, hasta la fecha, estas demandas no han recibido una respuesta favorable por parte del Gobierno.

La falta de un régimen sancionador efectivo ha sido identificada como una de las principales deficiencias de la legislación actual en materia de transparencia, según Rodríguez. Insiste en la necesidad de que el Consejo de Transparencia tenga la autoridad para imponer multas coercitivas a aquellas entidades que no cumplan con sus obligaciones legales en este sentido.

Además de la ausencia de sanciones coercitivas, Rodríguez ha señalado otras deficiencias del sistema actual, como el alto número de solicitudes de información que se responden fuera de plazo o que se desestiman por silencio administrativo. Estos problemas obstaculizan el acceso de los ciudadanos a la información y socavan la credibilidad del sistema de transparencia gubernamental.

Por otro lado, la falta de acción por parte del Gobierno también se extiende a otras áreas relacionadas con la transparencia, como la regulación de los grupos de interés y la ley de información clasificada. A pesar de los llamamientos realizados por el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa, el Ejecutivo ha optado por no abordar estas cuestiones de manera oportuna.

En resumen, la reticencia del Gobierno de Pedro Sánchez a abordar las reformas necesarias en materia de transparencia ha generado preocupación y críticas tanto a nivel nacional como internacional. La falta de acción en este sentido pone en peligro la integridad del sistema democrático y la confianza de los ciudadanos en las instituciones gubernamentales.