Se espera que los dirigentes alemanes establezcan nuevas normas sobre el coronavirus para los próximos meses, incluida la supresión de las pruebas rápidas gratuitas para incentivar a la gente a vacunarse.

Es probable que se mantengan las restricciones generalizadas en un esfuerzo por hacer frente a una tasa de casos creciente que se espera que empeore en las próximas semanas con el regreso de los turistas.

Las normas más controvertidas se aplican a las personas que no están vacunadas. Tendrán que someterse a pruebas como condición para asistir a todo tipo de eventos, desde reuniones en interiores hasta visitas a restaurantes o servicios religiosos.

Está previsto que el sistema de pruebas gratuitas de detección del coronavirus, que ha estado ampliamente disponible durante meses, se suprima a partir de octubre, tras lo cual quienes no estén vacunados -excepto las mujeres embarazadas, los niños o las personas a las que se les haya desaconsejado vacunarse por motivos médicos- tendrán que pagar por las pruebas de detección de antígenos.

También se prevé que las mascarillas sigan siendo obligatorias en espacios cerrados como oficinas, escuelas, tiendas y en el transporte público.

Los líderes de los 16 estados federados de Alemania, que se reúnen el martes con la canciller, Angela Merkel, para concretar la nueva normativa, se reservarán el derecho de endurecerla aún más si se considera que la tasa de infección está fuera de control.

La tasa de incidencia en Alemania por cada 100.000 personas en un periodo de siete días casi se ha duplicado en las últimas tres semanas, y una de cada diez regiones registra ahora una tasa superior a 35.

Esto ha provocado la preocupación de que se avecina otro cierre, a pesar de la falta de voluntad política para imponerlo, sobre todo con las elecciones federales previstas para dentro de seis semanas.

El Bundestag tiene que votar el mes que viene si se siguen aplicando las "condiciones epidémicas" en Alemania, la base legal sobre la que el gobierno puede aplicar las estrictas medidas actualmente en vigor, pero que expirará el 11 de septiembre a menos que sea prorrogada por los diputados.

Los críticos de la decisión de endurecer las restricciones actuales y perjudicar a quienes no han aceptado la oferta de una vacuna la han calificado de "mandato de vacunación por la puerta trasera".

Entre los que más se oponen están el partido pro-empresarial FDP y la derecha populista AfD. Una de las líderes de la AfD, Alice Weidel, acusó el martes al gobierno de "amenazar con dividir a la sociedad".

El gobierno dijo que las medidas eran necesarias para proteger a las personas vulnerables y a los no vacunados. Dijo que seguiría ajustando la normativa a medida que se desarrollara la epidemia.

"El momento de adoptar medidas más estrictas para quienes no están vacunados seguirá siendo decidido por el gobierno federal y los estados", dijo un portavoz.

Wolfgang Kubicki, líder adjunto del FDP, acusó al gobierno de ser condescendiente con los ciudadanos de a pie al sugerirles que necesitan "protegerse de sí mismos".

"El gobierno descarta claramente la idea de alinear sus medidas con los intereses del bien público, y en su lugar dice explícitamente que los ciudadanos necesitan ser protegidos de sí mismos", dijo. Añadió que el gobierno de coalición de Merkel "considera a los ciudadanos responsables como un factor de riesgo al que hay que obligar, si es necesario, a hacer lo que es bueno para ellos".