La fase de estudio de la Comunidad de Madrid para llevar ante la Justicia el impuesto a las grandes fortunas planteado por el Gobierno central ha llegado a su fin. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, volverá a judicializar una nueva medida del Gobierno llevando esta nueva tasa al Tribunal Constitucional.

"Lo vamos a hacer porque arremete contra la autonomía fiscal de la Comunidad de Madrid", afirmaba la dirigente popular en una entrevista en la noche de ayer en la cadena Trece TV, en la que también aseguró que esta medida "está provocando que gran parte de la clase media se está yendo a Portugal".

"El Tribunal Constitucional está para cuando el Gobierno se excede en competencias y su actitud en este caso es denunciable y reprochable", remarcó Ayuso, que señaló que el Gobierno ha tomado esta decisión para "ir contra la economía de Madrid". "No sucede en ningún lugar del mundo que el Ejecutivo vaya directamente contra su capital", incidió.

Este miércoles el portavoz de la Comunidad, Enrique Ossorio, ha incidido en que "si llega el Gobierno con una ley ordinaria a arrebatar competencias autonómicas, eso choca con el principio de constitucionalidad". "Lo primero que tiene que suceder es que el Gobierno elabore la ley y tan pronto la conozcamos la estudiaremos y confirmaremos el instrumento político ha utilizar", ha destacado el vicepresidente regional que ha cifrado en 13. 000 contribuyentes y 5.000 millones de euros por IRPF e IVA lo que podría perder Madrid.

Unas cifras a las que, según ha detallado el portavoz, la Comunidad de Madrid ha llegado a través de "los tramos de los tipos impositivos" presentados la pasada semana por el Ministerio de Hacienda pese a no estar decidido aún el instrumento jurídico que Moncloa empleará para aprobar el impuesto. "Pero sí sabemos en qué va a consistir el impuesto y así calculamos la pérdida de recaudación".