LEY DE AMNISTIA
Los vinculados al 'Procés' que se librarán de la corrupción y el terrorismo
Abarca más de una década del 'procés': desde el 1 de enero de 2012 hasta hoy
En un giro político sin precedentes, el Congreso de España ha sido testigo de la presentación de una propuesta de ley de amnistía que aspira a eximir de "responsabilidad penal, administrativa y contable" a todas las personas vinculadas con la preparación, ejecución y consecuencias del proceso soberanista en Cataluña. Este proceso, que ha abarcado un extenso período desde el 1 de enero de 2012 hasta el 13 de noviembre de 2023, ha dejado una profunda huella en la política española, marcando una década de tensiones políticas y eventos significativos.
La propuesta de amnistía no se limita exclusivamente a los líderes destacados de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Junts, Oriol Junqueras y Carles Puigdemont, respectivamente. Su alcance se extiende hacia directores de escuelas que estuvieron involucrados en la organización del referéndum del 1 de octubre de 2017, alcaldes, manifestantes y, de manera sorprendente, a los agentes policiales que participaron en el operativo relacionado con dicho referéndum.
I. En un momento político sin precedentes, el Congreso de España se enfrenta a una propuesta de ley de amnistía que busca eximir de "responsabilidad penal, administrativa y contable" a aquellos vinculados con el proceso soberanista en Cataluña. Este proceso ha abarcado más de una década, desde el 1 de enero de 2012 hasta hoy, marcando un período de tensiones políticas y eventos significativos.
II. El Alcance de la Amnistía
La propuesta de amnistía no se limita exclusivamente a los líderes de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Junts, Oriol Junqueras y Carles Puigdemont, respectivamente. También se extiende a directores de colegios que estuvieron involucrados en la organización del referéndum del 1 de octubre de 2017, alcaldes, manifestantes y, sorprendentemente, a los agentes policiales que actuaron durante dicho referéndum. Este audaz movimiento legislativo plantea la posibilidad de eliminar las acusaciones de delitos en contra de más de 300 activistas independentistas y absolver a 73 agentes policiales de su responsabilidad legal.
III. Un Debate que Abarca más de una Década de Tensión
Este debate legislativo abarca más de una década de tensiones políticas y eventos significativos en Cataluña. Desde la consulta del 9 de noviembre de 2014 hasta el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y los disturbios que se desencadenaron tras la sentencia del 'procés' en 2019, el proceso independentista ha dejado una profunda huella en la política española y en la sociedad catalana.
IV. Aplicación Urgente de la Amnistía
Un elemento adicional de la propuesta que merece atención es la aplicación urgente que se contempla. Según el texto, los jueces tendrán que aplicar la amnistía con carácter preferente y urgente, y las decisiones deberán adoptarse en un "plazo máximo de dos meses". Esto plantea desafíos tanto en términos de carga de trabajo para el sistema judicial como en la rapidez con la que se podrían resolver los casos relacionados con la amnistía propuesta.
V. Conclusión
El debate en torno a esta propuesta de ley de amnistía promete ser apasionado y complejo, ya que toca temas fundamentales como el estado de derecho, la rendición de cuentas y la reconciliación en una España dividida por cuestiones políticas y regionales. La mesa del Congreso no debatirá este controvertido texto hasta después de la investidura de Pedro Sánchez, lo que deja en el horizonte un proceso político lleno de incertidumbre y desafíos en el camino hacia la reconciliación.
LIBRADOS DE TODAS LAS CAUSAS PENALES
Carles Puigdemont Prófugo de la Justicia
El líder de Junts tiene tres frentes abiertos en los tribunales. Está procesado por delitos de desobediencia y malversación por el referéndum ilegal del 1-O de 2017. Es uno de los ex altos cargos catalanes encausados por el supuesto desvío de fondos para los gastos del 1-O.
Oriol Junqueras Líder de ERC
El líder de ERC y ex vicepresidente catalán fue condenado en 2019 por el TS a 13 años de cárcel e inhabilitación por sedición y malversación, aunque en junio de 2021 se le indultó la pena de cárcel. En febrero, se cambió su condena a desobediencia y malversación.
Artur Mas Ex presidente catalán
El ex president fueron condenados por el TCu a devolver a la Generalitat algo más de 4,9 millones de euros (a los que se sumó más de 1 millón de euros en intereses) por organizar la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014. Tiene una causa abierta.
Clara Ponsatí Exconsejera catalana
Está procesada en el Supremo por desobediencia por el 1-O. Tras ser detenidas hasta dos veces en Barcelona, finalmente Llarena pudo recibir su declaración indagatoria y concluir sumario. Falta que la Sala de lo Penal se pronuncie sobre los siguientes pasos.
Marta Rovira Exsecretaria gral. de ERC
Está procesada en el Supremo por desobediencia por el 1-O. Tras ser detenidas hasta dos veces en Barcelona, finalmente Llarena pudo recibir su declaración indagatoria y concluir sumario. Falta que la Sala de lo Penal se pronuncie sobre los siguientes pasos.
Marta Rovira Exsecretaria gral. de ERC
Permanece prófuga en Bélgica, está procesada en el Supremo por desobediencia por el 1-O. Tiene la orden de detención nacional en su contra para poder recibir su declaración indagatoria y concluir sumario. Además, está investigada en la AN por ‘Tsunami Democràtic’.
Toni Comín Exconsejero catalán
El eurodiputado está procesado en el TS por delitos de desobediencia y malversación por el 1-O. Tiene una orden nacional de busca y captura en su contra y el instructor espera a que el TJUE se pronuncie sobre posibles medidas cautelares para reclamar su entrega a Bélgica.
Lluís Puig Exconsejero catalán
Está procesado en el TS por desobediencia y malversación. El instructor del ‘procés’ tampoco ha podido tomarle declaración indagatoria, por lo que mantiene la orden nacional de detención en su contra. Desde el pasado junio, podría haber reclamado su entrega.
Jordi Turull Exconsejero catalán
Fue condenado por el TS a 12 años de prisión e inhabilitación por sedición y malversación. El Gobierno indultó su pena de prisión, pero permanecen inhabilitados por desobediencia y malversación, la nueva calificación que fijó el Supremo tras la reforma penal.
