El Tribunal Supremo de España ha ratificado la ilegalidad de la devolución de menores no acompañados desde Ceuta a Marruecos en agosto de 2021. Este pronunciamiento judicial destaca la vulneración de la Ley de Extranjería y del Convenio Europeo de Derechos Humanos por parte de las autoridades españolas, quienes, según el tribunal, actuaron con una "absoluta inobservancia" de los marcos legales pertinentes.

La sentencia del tribunal, compuesta por 19 folios, profundiza en la crítica al proceder de las autoridades gubernamentales, señalando que la devolución de los menores no acompañados no puede basarse exclusivamente en el Acuerdo entre España y Marruecos de 2007. En cambio, se destaca la necesidad de ajustarse a la legislación española, especialmente en lo referente a las garantías procedimentales.

El tribunal rechazó los recursos presentados por la Delegación de Gobierno en Ceuta y el Gobierno de la ciudad autónoma, quienes argumentaron que las devoluciones se realizaron en el contexto de una "auténtica invasión" y que estaban respaldadas por el acuerdo de 2007 con Marruecos. La sentencia, recogida por Europa Press, subraya que estas justificaciones fueron insuficientes y coincide con la posición del Ministerio Fiscal, sosteniendo que los derechos de integridad física y moral de los menores fueron vulnerados.

Los magistrados respaldaron la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, confirmando la sentencia del juzgado ceutí que estimó las razones presentadas por la Coordinadora de Barrios para el Seguimiento de Jóvenes y Menores. Esta resolución condenó a la Delegación del Gobierno a tomar las medidas necesarias para lograr el retorno de los menores que fueron repatriados en agosto de 2021.

En el análisis detallado de la situación, el Tribunal Supremo expresó su comprensión ante la gravedad de los eventos ocurridos en mayo de 2021, cuando aproximadamente 12,000 personas, incluyendo alrededor de 1,500 menores no acompañados, ingresaron masivamente e ilegalmente a Ceuta. A pesar de reconocer el extraordinario reto para el Estado y la comunidad autónoma, el tribunal enfatizó que el debate se centraba en determinar si el acuerdo de 2007 era suficiente para justificar la devolución o si debían seguirse los procedimientos establecidos en la Ley de Extranjería.

El tribunal criticó la "absoluta pasividad" de la Administración, refutando el argumento de "circunstancias excepcionales". Se destacó la importancia de seguir procedimientos legales, alegando que la decisión de retornar a un número elevado de menores sin seguir los procedimientos adecuados constituía una "expulsión colectiva de extranjeros" prohibida por el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

En relación con la respuesta de Marruecos, el tribunal consideró insuficiente la conformidad expresada por este país, argumentando que la aquiescencia de otro país no eximía a las autoridades españolas de actuar de acuerdo con la legalidad y la Constitución. Se subrayó que la conformidad de Marruecos únicamente indicaba la no violación del acuerdo de 2007 y no garantizaba el cumplimiento estricto de la legalidad española.

La sentencia, de la cual el magistrado Luis María Díez-Picazo fue ponente, refleja la importancia de preservar la respetabilidad de España como Estado de Derecho, reafirmando la necesidad de observar plenamente la Constitución y las leyes en situaciones de retorno de menores no acompañados.