El Tribunal de Cuentas ve indicios de malversación en contratos avalados por Adif en la trama de Ábalos
El fiscal solicita investigar a altos cargos por amaños con fondos europeos y exige que devuelvan el dinero malversado
El fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Manuel Martín-Granizo, ha solicitado que se investigue a antiguos altos cargos del Ministerio de Transportes por posibles delitos de malversación relacionados con contratos públicos adjudicados por Adif a una empresa clave de la trama vinculada a José Luis Ábalos, según ha desvelado EL MUNDO. La petición, según fuentes internas, incluye el traslado del expediente a la sección de enjuiciamiento del Tribunal, que puede ordenar el reintegro del dinero público presuntamente malversado.
Contratos con OPR: licitaciones amañadas y fondos europeos en riesgo
Adjudicaciones de 21 y 65 millones bajo sospecha, validadas sin rigor
El caso gira en torno a dos contratos adjudicados entre 2021 y 2022 a Uniones Temporales de Empresas (UTE) donde figuraba OPR, constructora implicada en la trama. Estas licitaciones, por 86 millones de euros y con financiación europea, fueron denunciadas por técnicos de Adif e Ineco, alertando sobre alteraciones irregulares de puntuaciones para beneficiar a OPR. El informe del Tribunal recoge que en cuatro de seis expedientes la modificación de puntuaciones alteró la clasificación final de los adjudicatarios.
En ese periodo, Adif estuvo presidida por Isabel Pardo de Vera y María Luisa Domínguez, con Ábalos y Raquel Sánchez al frente del Ministerio. Las denuncias internas fueron archivadas en marzo de 2023 por Adif, que validó las adjudicaciones con "laxitud" y sin el rigor exigible, según el Tribunal de Cuentas.
Responsabilidad contable y devolución del dinero público
Una investigación no penal, pero con consecuencias patrimoniales
La actuación del fiscal activa el procedimiento habitual en caso de "responsabilidad contable", figura con la que el Tribunal ya mantiene procesos contra Carles Puigdemont y otros exdirigentes por el procés. Aunque no implica cargos penales, sí obliga a devolver el dinero mal gestionado.
El informe ha sido elaborado por José Manuel Otero Lastres (nombrado por el PP) y firmado por la presidenta del Tribunal, Enriqueta Chicano (propuesta por el PSOE), lo que otorga a sus conclusiones un inusual carácter transversal en el ámbito institucional. En el caso de Ábalos, se investiga si la manipulación de los criterios de adjudicación elevó el coste para el contribuyente en beneficio de una trama corrupta.
Reacción política: el PP denuncia encubrimiento y exige responsabilidades
Cuca Gamarra acusa al Gobierno de archivar denuncias y proteger a Ábalos
La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha acusado al Gobierno de encubrir la corrupción. Recordó que, pese a las alertas internas y las denuncias, Adif archivó el caso y Sánchez repescó a Ábalos como diputado en las listas del PSOE en Valencia. «Todo lo sabían y todo lo taparon», denunció Gamarra.
Esta es otra pieza clave en el escándalo Ábalos, cuya ramificación salpica a contratistas, asesores como Koldo García y estructuras administrativas que no frenaron las irregularidades, a pesar de haber sido advertidas. Las explicaciones desde el Gobierno brillan por su ausencia mientras crece la presión parlamentaria.
Una señal de alarma sobre el uso de fondos europeos
Bruselas podría pedir explicaciones por los contratos bajo sospecha
Al tratarse de proyectos financiados con fondos europeos, el caso podría tener repercusiones más allá del ámbito nacional. La Comisión Europea exige estrictos mecanismos de control, trazabilidad y transparencia. Cualquier evidencia de fraude podría acarrear la devolución parcial o total de fondos, afectando no solo al prestigio del país, sino también a futuros desembolsos.La falta de rigor denunciada por el Tribunal, unida al archivo administrativo de las denuncias internas, pone en duda la fiabilidad de los mecanismos internos del Estado para proteger el interés público.
