La delegada instructora del Tribunal de Cuentas Esperanza García Moreno ha rechazado este jueves los 28 avales presentados por excargos del Govern de la Generalitat para cubrir su parte de la fianza de 5,4 millones de euros que les fue impuesta por su responsabilidad contable por el presunto uso irregular de fondos para las 'embajadas catalanas' y el Diplocat.

En un escrito de cinco páginas, al que ha tenido acceso Europa Press, la instructora indica que no admite que sea la Generalitat a través del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) quien presente avales. La decisión llega sin informe de los servicios jurídicos del Estado sobre la idoneidad de este mecanismo de aval, después de que Abogacía del Estado entendiera en septiembre que no procedía dado que son parte personada.

En concreto, la delegada instructora indica que "atendiendo a la coherencia del sistema de indemnidad del agente público", y a la interpretación de las normas jurídicas conforme al artículo 3 del Código Civil, "el afianzamiento mediante aval garantizado con fondos públicos de las conductas dolosas o marcadas por actos realizados con negligencia o culpa grave no puede quedar legalmente amparado".

"En relación con el contexto, cuyo ámbito no puede desligarse del sistema de responsabilidad judicial, penal y contable existente en nuestro Ordenamiento Jurídico y en el propio objeto del Decreto-ley de la Comunidad Autónoma de Cataluña 15/2021, de 6 de julio, de creación del Fondo complementario de Riesgos de la Generalitat de Catalunya, cabe concluir que el afianzamiento mediante aval garantizado con fondos públicos (...)no puede quedar legalmente amparado", explicita.

Y avisa de que dado que ha vencido "con exceso" el plazo para depositar o afianzar las presuntas responsabilidades contables, "procede el embargo de los bienes y derechos de las personas que, habiendo sido declaradas presuntas responsables contables, aportaron los referidos avales" del ICF.

Entre esas personas se encuentran tanto los expresidentes catalanes Carles Puigdemont y Artur Mas, como el exvicepresidente Oriol JUnqueras o los exconsejeros Raul Romeva o Andreu Mas-Colell.

Por otro lado, la delegada instructora advierte de que contra esta resolución cabe recurso ante la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas, que se debe interponer en el plazo de cinco días, contados desde la notificación. Aunque matiza que esto no implica la suspensión de las actuaciones.

Gastos sin control

El acta de liquidación provisional se refiere, asimismo, a las irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas en la gestión económico-financiera de esas actividades.

El documento alude a una "falta de control" de la actividad de las delegaciones de la Generalitat en el exterior y a la ausencia de un sistema "que permita conocer y vigilar sus actividades o gastos", que se realizaban "sin ningún tipo de limitación y sin la previa justificación de su necesidad".

El acta de liquidación provisional se refiere a Diplocat como "vehículo directo de transmisión de las aspiraciones soberanistas del Gobierno catalán al servicio de sus propios intereses" y cuya acción "no parece estar ligada a la promoción de intereses autonómicos derivados del ejercicio de sus propias competencias".

Según la delegada instructora, la Intervención General de la Generalitat "no realizó ningún control financiero ni de legalidad, a pesar de lo señalado en el texto refundido de la Ley de Finanzas de Cataluña".