Tres nuevas denuncias en la Diputación de Badajoz reavivan el 'caso hermanísimo'
Un nuevo informe de The Objective revela que la Diputación de Badajoz, institución clave en la arquitectura de poder del PSOE en Extremadura, vuelve a quedar salpicada por nuevos episodios de presunto enchufismo, irregularidades administrativas y conflictos de intereses. En los últimos tres meses, ha recibido tres nuevas denuncias que guardan conexión directa con la causa judicial que mantiene imputado a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y a varios altos cargos socialistas de la etapa de Miguel Ángel Gallardo, actual líder del PSOE en la región.
Una sentencia anula un proceso selectivo vinculado a una imputada
Uno de los frentes ya ha desembocado en una resolución judicial contraria a la Diputación. El Juzgado Contencioso-Administrativo número 1 de Badajoz ha anulado el proceso de selección de la plaza de coordinadora del área de Igualdad, adjudicada en 2024 a Emilia Parejo Gala, exdirectora de Cultura e imputada en el caso que investiga el presunto trato de favor al hermano del presidente.
El fallo obliga a retrotraer el proceso al momento anterior a la evaluación de méritos, al considerar que se vulneraron los principios de igualdad, mérito y capacidad. El tribunal estima que existía un “conflicto de intereses” al formar parte del tribunal personas estrechamente vinculadas a Parejo Gala, todas del entorno socialista.
En paralelo, documentación recabada por la Guardia Civil (UCO) vincula a Parejo con la tramitación del teletrabajo para David Sánchez en 2022, una circunstancia negada públicamente por la Diputación, pero que se acreditaría en correos electrónicos internos obtenidos durante la instrucción.
Un director de orquesta desplazado por un candidato “de la casa”
La segunda denuncia recae sobre la adjudicación del puesto de jefe de la Oficina de Artes Escénicas, plaza que anteriormente ocupó David Sánchez. El cargo fue finalmente asignado a Miguel Calderón, profesor de viola del conservatorio provincial, pese a la oposición de Antonio Moya Tudela, catedrático de Dirección de Orquesta, jurista y con un currículum ampliamente superior.
Moya denuncia falta de transparencia en las entrevistas y omisión de criterios objetivos. Asegura que no se valoró su proyecto ni su titulación, y que el proceso estuvo contaminado por afinidades políticas. “No preguntaron por nada del proyecto, solo valoraron lo que querían”, sostiene. También subraya que el adjudicatario no reúne la titulación mínima exigida.
Fuentes próximas al proceso justifican la elección de Calderón por ser “de la casa”, lo que alimenta las sospechas de clientelismo e indica una posible práctica estructural de colocación dentro del aparato provincial socialista.
Una llegada fuera de hora, una plaza adjudicada y la sospecha de imágenes manipuladas
El tercer expediente cuestionado tiene un componente especialmente delicado. Se trata del acceso a la dirección del área de Cultura, Juventud y Deporte, otorgada en comisión de servicio a Manuel Candalija Valle, procesado también en el marco del caso David Sánchez.
El denunciante de ese proceso sostiene que Candalija llegó tarde a la prueba, incumpliendo la hora de citación establecida, lo que debería haber supuesto su exclusión inmediata, conforme a la normativa aplicable. Aporta como prueba su propia permanencia en la puerta tras su entrevista, sin ver llegar al otro candidato.
La Diputación ha esgrimido un informe de seguridad que contradice su versión, pero el aspirante impugna su validez y exige acceso a las imágenes de videovigilancia. El expediente sigue sin resolverse, y fuentes sindicales apuntan a un “adormecimiento intencionado” para forzar su caducidad administrativa.
Una estructura en transformación bajo sospecha
Los tres casos llegan en un momento en que la Diputación de Badajoz afronta una reestructuración interna que podría implicar cambios de nombre en áreas clave, fusiones de departamentos e incluso ceses encubiertos. Según fuentes internas, algunos movimientos ya han comenzado, pero no han sido comunicados oficialmente a la opinión pública ni a los órganos de control.
La sensación creciente entre funcionarios y opositores políticos es que se estaría articulando una reestructuración cosmética, orientada a limitar la exposición judicial de ciertos nombres o a blindar situaciones heredadas del anterior mandato socialista.
Un modelo de poder en crisis
Estos tres casos no son anecdóticos. Se insertan en una trama de gestión opaca y patrimonialista que gira en torno a varios clanes familiares y políticos asentados durante años en la estructura de la Diputación, según se desprende de los informes de la UCO y de las denuncias acumuladas en distintos juzgados.
El ‘caso David Sánchez’ ya no es solo una investigación aislada sobre una contratación puntual. Es, cada vez más, una radiografía de un ecosistema institucional capturado por intereses partidistas y que, poco a poco, comienza a resquebrajarse ante el empuje de resoluciones judiciales y testimonios documentados.
