VUELOS CON EL FALCON

Transparencia tumba el blindaje de Moncloa: deberá publicar los pasajeros del Falcon

Así lo ha dictado el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en una resolución firme que exige conocer fechas, destinos y acompañantes
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez (i), baja del avión presidencial, Falcon. EP / Archivo
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez (i), baja del avión presidencial, Falcon. EP / Archivo

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, deberá informar a quién invitó a bordo de las aeronaves oficiales del Estado en 122 vuelos realizados entre 2023 y 2024, tras una resolución firme y vinculante del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG).

La decisión responde a una solicitud formal de acceso a la información pública presentada por El Debate, que solicitó el listado completo de pasajeros, fechas, destinos y motivos de los viajes en aeronaves como el Falcon.

Hasta ahora, Presidencia del Gobierno se había negado en rotundo a ofrecer estos datos, alegando razones de seguridad nacional, protección de la intimidad y una supuesta «abusividad informativa».

Sin embargo, el CTBG ha tumbado todas las objeciones y ordenado a Moncloa revelar la información en cumplimiento del principio de transparencia y rendición de cuentas que rige la actividad de los cargos públicos.

Una instrucción histórica y un golpe al blindaje institucional

La resolución, identificada como 2025-0765, fue emitida el pasado 20 de junio. En ella, el Consejo de Transparencia recuerda que los desplazamientos en aeronaves públicas, sufragados con dinero del erario, deben ser objeto de control y fiscalización por parte de los ciudadanos y los medios, máxime cuando se trata de representantes públicos.

El texto censura la negativa sistemática del Ejecutivo a ofrecer datos verificables sobre el uso de recursos públicos, en especial cuando se han multiplicado las informaciones que apuntan a que en algunos de esos viajes se transportó a empresarios investigados por corrupción en los casos Koldo, Ábalos o Cerdán.

122 vuelos, muchos interrogantes

En total, Sánchez realizó 122 vuelos en aviones del Estado en dos años, con destinos tan variados como Estados Unidos, Marruecos, Bruselas, República Dominicana o Egipto. Pero lo único que hasta ahora había ofrecido La Moncloa era un listado opaco, sin detallar los acompañantes, el coste, el motivo real del viaje, ni los días de estancia.

La agenda oficial a la que se remitía Presidencia omitía sistemáticamente información clave, como la fecha de regreso o los eventos específicos desarrollados.

Cabe destacar que el Gobierno no ha abonado nada al Ministerio de Defensa por el uso de estos medios, según ha reconocido la propia Secretaría General de Presidencia. Además, ni siquiera se había especificado cuántos de esos vuelos eran oficiales, cuántos de carácter privado o cuántos supuestamente institucionales pero utilizados para fines personales o de partido.

Sospechas de tramas y una imagen en crisis

En paralelo a esta nueva exigencia legal, crece la sospecha de que varios de estos vuelos pudieron ser utilizados para trasladar a implicados en las tramas de corrupción que afectan al entorno del PSOE.

Algunos empresarios investigados viajaron a Argelia coincidiendo con desplazamientos presidenciales, según documentos e indicios ya publicados por medios nacionales. El Ejecutivo, sin embargo, se ha negado a confirmar o desmentir la identidad de los acompañantes.

Desde la llegada de Pedro Sánchez al poder, el uso del Falcon se ha convertido en un símbolo de opacidad, privilegio y abuso de recursos públicos. El primer escándalo se produjo en 2018, cuando el presidente voló a Castellón para asistir, junto a su esposa, a un concierto privado de The Killers.

Aquel precedente marcó una pauta de conducta que ha generado malestar incluso entre partidos afines, especialmente en momentos de elevada tensión política y social.

Transparencia frente a blindaje

El Gobierno socialista se ha visto obligado a responder a una institución independiente, cuya misión es garantizar el acceso a la información pública. Esta resolución, firme y de obligado cumplimiento, podría abrir una puerta a futuras investigaciones sobre el uso de recursos del Estado en beneficio de círculos privados.

De no cumplir con la instrucción, Moncloa podría enfrentarse a un nuevo procedimiento judicial, además de un severo deterioro en la percepción pública de su gestión. En un momento especialmente crítico, con la corrupción como epicentro de las preocupaciones ciudadanas y con numerosos casos abiertos en los tribunales que afectan al núcleo del PSOE, la presión sobre Sánchez aumenta.

Comentarios