La trama Forestalia usó empresas pantalla para pagar a un alto cargo del Ministerio
La Guardia Civil ha detectado un presunto sistema de ocultación societaria y financiera utilizado para pagar contraprestaciones al ex alto cargo del Ministerio para la Transición Ecológica Eugenio Domínguez, durante la etapa de Teresa Ribera al frente del departamento.
Según un informe de la Unidad Central Operativa de Medioambiente (Ucoma), el exsubdirector de Calidad y Evaluación Ambiental habría recibido presuntas mordidas vinculadas a proyectos de energías renovables de la empresa Forestalia.
Los investigadores sostienen que Domínguez utilizó estructuras societarias y contratos privados diseñados para ocultar su participación y evitar dejar rastro en registros oficiales, según publica The Objective.
Para ello, la trama habría contado con la colaboración de intermediarios societarios y un notario que presuntamente incumplió la normativa de prevención del blanqueo de capitales.
Las licencias ambientales que favorecieron a Forestalia
El informe policial señala que Eugenio Domínguez aprovechó su posición dentro del Ministerio para facilitar la aprobación de Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA).
Estas autorizaciones son imprescindibles para desarrollar proyectos de energías renovables, especialmente parques eólicos y solares.
Según la Ucoma, el alto cargo habría emitido estas resoluciones incurriendo en numerosas irregularidades administrativas y favoreciendo a proyectos impulsados por la empresa Forestalia, dirigida por el empresario Fernando Samper.
Las declaraciones ambientales permitieron que varios proyectos siguieran adelante pese al elevado impacto ambiental detectado en algunos casos.
Una empresa pantalla administrada por su esposa
Para recibir las presuntas contraprestaciones, el ex alto cargo habría utilizado una empresa administrada por su mujer.
La sociedad se llama Estudio de Asesoramiento Dherco, creada en julio de 2023.
En el registro mercantil aparece como:
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Administradora única: Montserrat Heredero (esposa de Domínguez)
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Socios: los cuatro hijos del matrimonio
La Guardia Civil destaca un elemento llamativo: la empresa carece prácticamente de actividad real.
Además, su objeto social incluye decoración de interiores y diseño de viviendas, algo que los investigadores consideran incompatible con la supuesta consultoría técnica en proyectos energéticos complejos.
Según el informe policial, esto sugiere que la empresa podría haber sido utilizada como sociedad pantalla para canalizar pagos vinculados al cargo público.
Un préstamo de 5,2 millones que podría ocultar una mordida
Uno de los movimientos financieros bajo sospecha es un préstamo de 5,2 millones de euros concedido a empresas vinculadas a la red societaria.
Estas sociedades adquirieron participaciones en proyectos de energías renovables relacionados con Forestalia.
Según los investigadores, ese préstamo podría haber sido utilizado para encubrir el pago de comisiones ilegales al ex alto cargo del Ministerio.
El carrusel de empresas “Caliope”
La trama utilizó varias sociedades con nombres similares para dificultar el seguimiento de las operaciones financieras.
Entre ellas destacan:
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Caliope Innova
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Caliope Energy Green
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Caliope Smart Energy
Estas empresas formaban lo que la Guardia Civil describe como un “carrusel societario”, utilizado para mover participaciones y fondos entre distintas sociedades.
Inicialmente algunas de estas compañías no estaban relacionadas con el sector energético, pero posteriormente cambiaron su objeto social hacia la intermediación en activos energéticos.
Contratos ocultos en sobres dentro de una notaría
Uno de los elementos más llamativos del caso es el mecanismo utilizado para ocultar la propiedad real de las empresas.
Según el informe policial, los contratos de compraventa de participaciones no se incorporaron a las escrituras públicas.
En su lugar:
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Los contratos fueron introducidos en sobres cerrados
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Custodiados en la caja fuerte de una notaría de Madrid
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Sin aparecer en el Índice de Actividad Notarial
Esta operación se realizó el 27 de septiembre de 2023 en la notaría de Javier de Lucas Cadenas, uno de los detenidos en la operación policial del pasado 3 de marzo.
La Guardia Civil sospecha de un posible delito de blanqueo
La Ucoma considera que este sistema pudo utilizarse para evitar los controles de transparencia y ocultar la identidad real de los beneficiarios de las operaciones.
El notario, según los investigadores, no aplicó las medidas reforzadas de control antiblanqueo exigidas por ley, especialmente teniendo en cuenta que Domínguez era alto cargo público.
Esto podría constituir un posible delito de blanqueo de capitales y cohecho.
Ante la falta de colaboración inicial, los agentes solicitaron autorización judicial para precintar los sobres custodiados en la notaría y asegurar así las pruebas.
