En un giro político que ha sacudido los cimientos del orden jurídico tanto español como europeo, el Gobierno de España, encabezado por el PSOE y en un acuerdo con partidos independentistas, ha introducido una enmienda legislativa que abre la puerta a la amnistía de ciertos actos de terrorismo. Esta decisión, revelada en la Comisión de Justicia del Congreso, ha desencadenado una oleada de críticas y preocupaciones, tanto en la arena política nacional como en el escenario europeo.

Según la nueva enmienda, se contemplaría la posibilidad de amnistiar a individuos encausados o condenados por actos de terrorismo, excluyendo solamente aquellos casos que conlleven 'violaciones graves de derechos humanos' según los estándares del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.

Esta iniciativa del Ejecutivo español no solo ha generado una tormenta política en el país, sino que también plantea serios retos legales a nivel europeo. La directiva 2017/541 de la Unión Europea sobre la lucha contra el terrorismo establece claramente que, aunque los Estados miembros pueden mitigar las penas por terrorismo, la extinción de la responsabilidad penal no es una opción contemplada.

El ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha defendido con énfasis la medida, afirmando que esta nueva redacción no solo mantiene la exclusión del terrorismo de la ley de amnistía, sino que además refuerza su seguridad jurídica. No obstante, estas afirmaciones contrastan con las directrices establecidas por la Unión Europea, suscitando dudas sobre la legalidad y la viabilidad de la norma en el marco comunitario.

El debate se agudiza al considerar que las enmiendas recién incorporadas parecen beneficiar directamente a figuras claves del independentismo catalán, como Carles Puigdemont y Marta Rovira. Estas modificaciones legislativas también podrían restringir significativamente la actuación de los jueces de la Audiencia Nacional, en especial del juez Manuel García-Castellón, encargado de las investigaciones relacionadas con Tsunami Democràtic y los CDR.

Esta reforma, que interpela tanto a la justicia nacional como a las estructuras legales europeas, marca un nuevo capítulo en el delicado equilibrio entre el derecho interno y las normativas de la UE. La decisión del Gobierno español representa un desafío a la Unión Europea y a las bases mismas del estado de derecho, abriendo un camino de incertidumbre y potencial confrontación jurídica.