El Tribunal Constitucional (TC) ha dado luz verde este martes para la tramitación del recurso presentado por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) contra la reciente reforma llevada a cabo por el Partido Popular (PP) en el Senado. La modificación en cuestión, diseñada para extender los plazos en la tramitación parlamentaria de la proposición de ley de amnistía, ha generado tensiones políticas y ahora enfrenta un análisis más detenido por parte del máximo órgano judicial.

La ponencia, redactada por el magistrado progresista Juan Carlos Campo, ha sido acogida por el Tribunal Constitucional, respaldando así la decisión de admitir a trámite el recurso respaldado por más de 50 senadores socialistas. Este recurso se dirige contra la reforma de los artículos 133 y 182 del Reglamento del Senado, que fue aprobada en noviembre del año pasado con el apoyo del PP, Vox y UPN.

Según la explicación proporcionada por el TC, la reforma permite a la Mesa del Senado tomar decisiones de forma autónoma en cuanto a la tramitación de urgencia de las proposiciones de ley, incluso si han pasado por el procedimiento de urgencia en el Congreso de los Diputados. Una medida que, según los críticos, podría afectar el proceso legislativo y la agilidad de la toma de decisiones.

Adicionalmente, los 'populares' incluyeron en la reforma la modificación del artículo 182, imponiendo la obligación de comparecer en el Senado al presidente del Gobierno y a los demás miembros de su gabinete cuando así lo soliciten dos grupos parlamentarios o una quinta parte de los senadores. Esta disposición ha despertado interrogantes sobre el equilibrio de poderes y las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo.

Los socialistas, en su recurso, argumentan que los artículos mencionados podrían violar el artículo 90.3 de la Constitución, el cual establece que "el plazo de dos meses del que dispone el Senado para vetar o enmendar el proyecto se reducirá a 20 días naturales en los proyectos declarados urgentes por el Gobierno o el Congreso". Asimismo, sostienen que la tramitación de la reforma habría pasado por alto procedimientos esenciales previstos en el Reglamento del Senado, lo que podría determinar la invalidez de la reforma en su totalidad.