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El Supremo rechaza la petición del fiscal general García Ortiz para posponer su declaración como investigado

El juez Ángel Hurtado rechazó todas las peticiones del fiscal para aplazar la cita y para realizar nuevas diligencias, confirmando la declaración clave del miércoles
El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, a su llegada al acto de entrega de despachos de la 73 promoción de la Carrera Judicial. / Kike Rincón
El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, a su llegada al acto de entrega de despachos de la 73 promoción de la Carrera Judicial. / Kike Rincón

El Tribunal Supremo ha confirmado que Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, deberá comparecer el próximo miércoles en calidad de investigado por un presunto delito de revelación de secretos. El juez instructor del caso, Ángel Hurtado, ha desestimado la solicitud de García Ortiz para aplazar su declaración, así como otras diligencias que el propio fiscal general había propuesto realizar antes de su comparecencia.

Decisión judicial: sin aplazamientos ni nuevas diligencias

En el auto emitido por el magistrado Hurtado, al que ha tenido acceso The Objective, se establece que la petición del fiscal general para citar a declarar a Alberto González Amador —querellante en la causa y pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso— ha sido rechazada por ser considerada innecesaria. Según el juez, la declaración del querellante podría, en vez de beneficiar al acusado, agravar su posición en el caso.

Asimismo, el juez ha negado la intervención del dispositivo móvil de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de Ayuso, a pesar de que la defensa de García Ortiz había solicitado esta medida alegando que el contenido del dispositivo podría aportar información relevante sobre la difusión de correos electrónicos confidenciales.

El trasfondo del caso: filtración de datos confidenciales

El origen de la causa se remonta a una denuncia presentada por Alberto González Amador, quien acusa a García Ortiz de filtrar información confidencial contenida en un correo electrónico de la Fiscalía. Este correo, fechado en febrero de 2024, detallaba un ofrecimiento de conformidad penal al querellante en el marco de una investigación por presuntos delitos fiscales. Según el juez Hurtado, la difusión de este correo —sin el consentimiento del afectado— constituye el eje principal de la investigación.

El magistrado ha destacado que la filtración de este correo ha causado un grave daño reputacional a González Amador, ya que algunos medios de comunicación lo calificaron erróneamente como un "defraudador confeso". Hurtado recalca que el contenido de dicho correo fue divulgado "subrepticiamente", violando su carácter confidencial.

Las polémicas diligencias rechazadas

Entre las solicitudes desestimadas figura la intervención del móvil de Miguel Ángel Rodríguez, argumentada por la defensa de García Ortiz como necesaria para esclarecer las circunstancias de la difusión del correo electrónico. Sin embargo, el juez concluyó que esta diligencia no aportaría pruebas adicionales que resulten relevantes para determinar la responsabilidad del fiscal general.

El auto también rechaza la declaración de varios periodistas que habrían recibido la información filtrada, considerando que su testimonio no es esencial para avanzar en la investigación.

El contexto político y jurídico

Este caso ha generado un intenso debate, ya que involucra directamente al máximo representante del Ministerio Público en una acusación que pone en entredicho la confidencialidad y el buen uso de la información judicial. García Ortiz, nombrado fiscal general en 2022, enfrenta una situación delicada que podría afectar no solo su carrera profesional, sino también la imagen institucional de la Fiscalía General del Estado.

Próximos pasos en la investigación

El fiscal general deberá comparecer ante el Tribunal Supremo el próximo miércoles, mientras que la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, también declarará en calidad de investigada el jueves. Estas declaraciones serán clave para determinar el alcance de las responsabilidades penales en este caso que sigue generando un alto interés mediático y político.

La decisión del juez Hurtado de rechazar las solicitudes de García Ortiz supone un revés para la defensa del fiscal general, que buscaba ganar tiempo y recopilar pruebas adicionales antes de su declaración. Por el momento, todas las miradas están puestas en las comparecencias de la próxima semana y en las implicaciones que este caso pueda tener en el ámbito judicial y político.

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