El Tribunal Supremo da por probado la trama de los ERE fraudulentos de Andalucía, el mayor caso de corrupción de las últimas décadas en nuestro país y ratifica las condenas a quienes fueran los máximos responsables de la Junta de Andalucía. Según informan fuentes jurídicas, por tres votos frente a dos, la Sala de lo Penal ha confirmado la condena de seis años de prisión del ex presidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán por un delito de malversación de caudales públicos.

La Sala, presidida por el magistrado Juan Ramón Berdugo, ha decidido adelantar este martes el fallo de una sentencia donde también se confirma la condena por prevaricación del ex presidente andaluz Manuel Chaves, que conlleva inhabilitación para cargo público.

La sentencia, de unos 1800 folios, se dará a conocer en septiembre. En la misma, se confirman en líneas generales el fallo adoptado por la Audiencia Provincial de Sevilla.

Fuentes de la Sala consultadas por este periódico informan de que durante las últimas semanas que han transcurrido las deliberaciones se trató de alcanzar la unanimidad entre los cinco magistrados que componen el tribunal pero finalmente ésta no ha sido posible. Tienen previsto emitir votos particulares las magistradas de sensibilidad progresista Susana Polo y Ana Ferrer. Será ponente de la sentencia el magistrado Eduardo de Porres.

El punto más controvertido de las intensas deliberaciones ha sido la condena al ex presidente Griñán, quien tras notificarse este martes el fallo del Alto Tribunal, deberá previsiblemente ingresar en la cárcel. El ex presidente andaluz puede solicitar ahora al Tribunal Constitucional que paralice la ejecución del fallo mientras se tramita su recurso de amparo pero es altamente improbable que el tribunal de garantías acceda a ello, puesto que la jurisprudencia del TC establece en los cinco años de prisión el umbral para paralizar el ingreso en prisión en estos supuestos.

Sin embargo, los votos particulares a favor de la absolución del ex presidente andaluz darán oxígeno al Gobierno de Pedro Sánchez para poder indultarlo; aunque el Ejecutivo tendrá que asumir el coste de otorgar la medida de gracia al ex dirigente socialista que ha sido condenado en firme por un delito de corrupción.