El Supremo procesa al fiscal general por revelación de secretos

El magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado ha dictado un auto que marca un hito judicial en la historia reciente de España: procesar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos, junto con la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández. La causa gira en torno a la presunta filtración de información confidencial sobre el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.

Se trata del paso definitivo hacia la apertura de juicio oral por unos hechos que, según el instructor, revelan un uso indebido y políticamente dirigido de datos protegidos. El informe señala como clave un correo electrónico fechado el 2 de febrero de 2024, enviado por el abogado defensor del investigado al fiscal del caso, en el que se planteaba un pacto de conformidad reconociendo dos delitos fiscales.

Una cadena de decisiones y correos que señala a la cúpula fiscal

Aquel correo, según el relato judicial, fue remitido por la fiscal jefe Rodríguez al fiscal general a una cuenta personal de Gmail, en lugar del canal oficial. Minutos después, esa información, reservada por naturaleza, llegó a la cadena SER, que la difundió en su programa Hora 25 a las 23:25 horas, adelantando el contenido que se publicaría en su web media hora más tarde. Una nota de prensa oficial, ya elaborada por la Fiscalía de Madrid y firmada por Rodríguez, se haría pública la mañana siguiente.

El juez Hurtado subraya que ese correo estaba protegido por el protocolo de pactos de conformidad, suscrito por la Fiscalía General del Estado y el Consejo General de la Abogacía Española, que establece el carácter confidencial de los contactos entre defensas y fiscales para explorar vías de acuerdo. En este contexto, el instructor considera que la difusión sin consentimiento de esos datos vulneró el derecho a la intimidad del afectado y supuso un menoscabo al derecho de defensa.

Instrucción manchada por el borrado de pruebas

El magistrado también revela que García Ortiz borró todo el contenido de sus dispositivos móviles, impidiendo el acceso a posibles pruebas adicionales. Esta conducta, que el fiscal general justificó alegando "imperativo legal", fue interpretada por el juez como un acto que frustró parte de la investigación, reforzando el argumento de que podría haberse tratado de ocultar información relevante para el caso.

Frente a la tesis de las defensas, que alegaban que el contenido del correo ya era público, el juez sostiene que el hecho de que se filtrara sin autorización sigue encajando en el tipo penal del artículo 417 del Código Penal, que castiga la revelación de secretos por funcionario público.

Conexiones políticas en la difusión del correo

La instrucción también revela que el correo filtrado fue remitido a la directora del Gabinete de la Secretaría de Estado, quien lo utilizó para instruir a Juan Lobato, portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, con el fin de que lo exhibiera en una sesión parlamentaria contra Díaz Ayuso. Un hecho que, para el juez, evidencia el uso político de la información filtrada, desbordando el ámbito judicial.

¿Qué viene ahora?

El auto da traslado a la Fiscalía y a las acusaciones para que en un plazo de diez días formulen acusación o pidan el sobreseimiento. Si se opta por la primera vía, se abriría formalmente un juicio oral en el que el fiscal general de España y una de sus subordinadas más relevantes se sentarían en el banquillo, acusados de haber quebrantado la confidencialidad y el rigor institucional que exige su cargo.

Esta causa, cuya investigación comenzó tras una denuncia y fue apuntalada por informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, amenaza con alterar no solo la carrera de García Ortiz, sino también el equilibrio institucional en torno a la Fiscalía, el Ejecutivo y el Poder Judicial.